El proyecto, que ya había sido cuestionado además por requerir una fuerte inversión de dinero, fue claramente cuestionado por el prelado, según informó el periódico Scottish Catholic Observer. "Compartimos las reservas ampliamente expresadas de muchos que temen que algunas provisiones de la Ley de Niños y Jóvenes podrían permitir una interferencia sin orden judicial en la vida familiar". El Arzobispo indicó que el principal problema es la "naturaleza amplia de los poderes del 'servicio de personas nombradas' y el bajo umbral dispuesto para motivar la distribución de información acerca de los niños entre las agencias del estado".

"Aunque reconocemos las buenas intenciones detrás de dichos esfuerzos, esperamos que el gobierno actúe de una manera proporcionada y enfocada, con el debido respeto a la autonomía y la privacidad de la familia", declaró Mons. Chusley. Los "guardianes" serían profesionales de la salud asignados a cada niños hasta la edad de cinco años. Mientras que el argumento de la ley es la prevención de abusos y maltratos, expertos han indicado que al tratarse de casos aislados las personas asignadas a este acompañamiento pasarían fácilmente a preocuparse por muchos otros asuntos que no son pertinentes al estado.

El Arzobispo aclaró que la Iglesia apoya con decisión la protección de los niños y busca activamente el acceso de los infantes a servicios de la más alta calidad. "El apoyo a los niños pone el bienestar de los mismos en el núcleo de las políticas y debe estar basado en el apoyo a las familias", afirmó el prelado. "El bien común de la sociedad depende de la estabilidad de la vida familiar. Es estado debe respetar la subsidiariedad y debería apoyar, no interferir, la vida interna de la familia".(Gaudium Press)