El Congreso de los Diputados aprobó por mayoría absoluta este jueves 18 de marzo el texto de la Ley de Eutanasia después de la introducción de enmiendas en el Senado el pasado miércoles 14 de marzo. La Ley superó el primer trámite el 17 de diciembre de 2020 en el Congreso donde se aprobó por 198 votos a favor, 138 en contra y 2 abstenciones. Después pasó al Senado, que respaldó el texto con 155 votos a favor, 100 en contra y 3 abstenciones. Además, el Senado aprobó 21 enmiendas al texto, por lo que se remitió de nuevo al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva por 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones. La Ley es la menos garantista de todas las que existen, al dejar en manos de terceras personas, incluso del médico, la decisión de aplicar la eutanasia en caso de que el paciente esté incapacitado para hacerlo. Además, incluye una prestación del Sistema Nacional de Salud de “ayuda a morir”, algo que ninguna regulación en Europa incluye. Además, la eutanasia se aprueba en España a pesar del clamor social, expresado por medio de expertos, médicos, juristas, asociaciones de profesiones y la Iglesia que pedían que, frente a la eutanasia, o antes de debatir la eutanasia, se priorizaran y desarrollaran los cuidados paliativos. La nueva Ley de Eutanasia prioriza la eutanasia como alternativa a los sufrimientos de los enfermos terminales antes que el acceso a cuidados paliativos gratuitos y de calidad. España se une de esta manera al grupo de países en que la eutanasia es legal: Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Canadá, Colombia, el Estado de Oregón (Estados Unidos) y el Estado de Victoria (Australia). Muchos de estos países sí incluyen una adecuada cobertura de cuidados paliativos, algo que en España no sucede al carecer de regualción y de la necesaria financiación. Recientemente, la Asamblea de la República de Portugal aprobó una ley de despenalización de la eutanasia, pero el Tribunal Constitucional del País lo declaró inconstitucional y el Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, la vetó. La Ley establece como requisito para acceder al suicidio asistido “disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos”.