El Proyecto de Ley del Senado de Dakota del Norte No. 2180, anunciado el 12 de enero, enmendaría el Century Code del estado relacionado con la obligatoriedad de presentar denuncias. Fue presentado por los senadores estatales Judy Lee (R), Kathy Hogan (D) y Curt Kreun (R). Bajo la ley actual, «un miembro del clero que tenga conocimiento o una causa razonable para sospechar que un niño es abusado o descuidado, o que ha muerto como resultado de abuso o negligencia, deberá informar las circunstancias al departamento si el conocimiento o sospecha es derivado de la información recibida por esa persona en su capacidad de ejercicio profesional (ndr: fuera de la confesión o consejo espiritua)» Un miembro del clero «no está obligado a informar tales circunstancias si el conocimiento o la sospecha se deriva de la información recibida en calidad de consejero espiritual», una categoría que incluye la confesión sacramental. Pero SB 2180 eliminaría esta excepción, por lo que no denunciar sospechas de abuso o negligencia, incluso si se conocen en el confesionario, sería un delito punible con hasta 30 días de prisión y/o una multa de $ 1,500. Christopher Dodson, director ejecutivo y consejero general de la Conferencia Católica de Dakota del Norte, declaró a The Pillar que el proyecto de ley «es una sorpresa» y supone «ciertamente una violación de nuestra libertad religiosa». Dodson dijo que la conferencia católica estatal, que representa a las dos diócesis de Dakota del Norte en asuntos de política pública, «definitivamente se opondrá al proyecto de ley». El senador Lee no respondió a las solicitudes de comentarios de The Pillar al momento de la publicación. El fiscal general de Dakota del Norte concluyó recientemente una investigación de 18 meses sobre las dos diócesis del estado, que ya habían identificado casos de abuso sexual por parte de sacerdotes que se remontan a los años 50, 60 y 70. Dodson le dijo a The Pillar que, si el proyecto de ley para derogar la excepción ministerial pretende ser una respuesta al informe, «no tiene sentido» y «es una reacción en la dirección equivocada». Dijo que las dos diócesis del estado ya habían dado a conocer los nombres de 53 sacerdotes acusados ​​de manera creíble o culpables de abuso, y que la investigación de AG no había encontrado ningún caso de abuso no denunciado previamente por parte del clero diocesano. «No hay evidencia que sugiera que este [cambio a la ley] sea necesario», dijo, y agregó que su introducción es una «decepción para todos los católicos» en el estado. La ley canónica mantiene la prohibición absoluta de cualquier violación del sello de confesión y establece las penas más severas para las violaciones. El canon 1388 § 1 establece que «El confesor que viola directamente el sello sacramental incurre en excomunión [automática] reservada a la Sede Apostólica». Varias jurisdicciones civiles tanto en los Estados Unidos como en otros países han intentado aprobar una legislación similar. En 2019, se hizo un intento similar para eliminar la «excepción ministerial» de las leyes estatales sobre los requisitos de informes obligatorios. Ese proyecto de ley fue abandonado ante la oposición concertada de las diócesis católicas del estado y los defensores de la libertad religiosa