Este libro era la biblia del anticatolicismo en la vida pública norteamericana. En él, Blanshard llamaba a constituir un “movimiento de resistencia” que se opusiese a “las políticas sociales antidemocráticas” de la Iglesia católica y atacaba las escuelas católicas como “el principal instrumento de división en la vida de los niños estadounidenses”. Haciéndose eco del fanatismo de Blanshard, un editorial de 1960 del semanario Christianity Today aseguraba que es “perfectamente racional” oponerse al nombramiento y elección de un “romanista” porque “una presidencia católica estaría fluctuando entre dos lealtades”. En septiembre de 1960, Kennedy, sensible a la opinión pública manifestada en estos foros, pronunció su famoso discurso frente a la Houston Ministerial Association, en el que renunciaba a cualquier posible exigencia que su fe católica supusiese para su vida moral. Reduciendo su catolicismo a un mero accidente de nacimiento, Kennedy aseguró a sus votantes que esta condición no interferiría en su acción política. Sesenta años después, Joe Biden y Kamala Harris son, respectivamente, los herederos del religioso Kennedy y el polemista Blanshard. Una diferencia entre Blanshard y Harris es, por supuesto, que el primero tan solo contaba con su poder de persuasión, mientras que la segunda cuenta con el poder (y está haciendo campaña para poder ampliarlo) de institucionalizar su fanatismo contra los católicos y contra cualquier institución cuyas prácticas puedan ser coherentes con la moral católica. Y lo ha hecho valer. Por ejemplo, Harris está muy dispuesta a aplicar unos exámenes religiosos inconstitucionales a los candidatos al tribunal federal. En 2018, cuando Brian Buescher fue nombrado como juez de la Corte del Distrito, Harris le interpeló escribiendo: «Usted ha formado parte, desde 1993, de los Caballeros de Colón, una sociedad íntegramente masculina y compuesta por varones católicos. En 2016, Carl Anderson, líder de la fraternidad, describió el aborto como “un régimen legal que ha resultado en más de 40 millones de muertes”. El señor Anderson continuó diciendo que “el aborto mata inocentes a gran escala”. ¿Estaba usted al tanto de que los Caballeros de Colón se oponen al derecho de la mujer a elegir cuando usted ingresó en la organización?». Continuó inquiriendo a Buescher si había “en algún momento, de cualquier modo, ayudado o contribuido a la causa contra los derechos reproductivos de las mujeres” o si “se oponía al matrimonio entre personas del mismo sexo”, sugiriendo implícitamente que la adhesión a los principios de la moral católica ortodoxa es algo que incapacita a un juzgado federal. Interpeló de igual forma a otros candidatos al tribunal federal. La actitud de Harris hacia el catolicismo no se limita a preguntar a los candidatos al tribunal federal, sino también a la ridiculización de organizaciones públicas cuyos objetivos son coherentes con la teología moral católica. Con el empleo de su cargo para abogar contra tales instituciones Harris ha conseguido un amplio apoyo financiero de grupos e individuos pro-aborto. Por ejemplo, en 2016, cuando el Center for Medical Progress (CPM) hizo público que Planned Parenthood estaba traficando ilegalmente con órganos y tejidos de los niños abortados, la entonces fiscal general de California, Harris, autorizó una redada en la vivienda de David Daleiden, del CPM, incautando vídeos que demostraban la veracidad de la denuncia. Tras ello, la oficina de Harris conspiró con Planned Parenthood, uno de sus generosos contribuyentes, para redactar una ley tipo bill of attainder contra el CPM [un bill of attainder es un acto legislativo que representa, de hecho, una condena sin juicio a determinadas personas a las que se considera culpables de un supuesto crimen, ndt]. Asimismo, en 2015, Harris apoyó con entusiasmo el llamado Reproductive FACT Act de California, un proyecto de ley que obligaba a los centros pro-vida a informar a las mujeres embarazadas dónde podían conseguir un aborto gratuito y, además, a promocionar las clínicas abortivas. Harris reivindicó haber “copatrocinado” el proyecto de ley FACT y elogió al entonces gobernador de California, Jerry Brown, por convertirla en ley. (En 2018, el Tribunal Supremo derogó esta ley en virtud de la Primera Enmienda sobre la libertad de expresión). Y, en 2015, utilizó su poder como fiscal general de California para cerrar seis hospitales católicos beneficiando a otro de sus patrocinadores políticos, el Service Employees International Union. Como senadora de Estados Unidos, Harris introdujo el orweliano proyecto de ley “Do Not Harm”, cuyo propósito es obligar a individuos y organizaciones religiosas a participar en actividades que violan directamente sus creencias. También es copatrocinadora del Equity Act, que obligaría a los hospitales católicos, por ejemplo, a realizar cirugías de reasignación de género, a abrir los baños de mujeres a los hombres y a obligar a las niñas y mujeres a competir contra niños y hombres en las competiciones deportivas. De fiscal general de California, a senadora de Estados Unidos y posible vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris nunca ha intentado ocultar su intención de seguir el programa dictaminado por Blanshard de instituir un movimiento contra la Iglesia católica y contra los individuos, las organizaciones y las instituciones cuyas creencias y posturas políticas son coherentes con las de la teología moral de la Iglesia. Junto a Joe Biden, heredero asimilacionista de John F. Kennedy, nunca dos personas con una hostilidad tan abierta hacia la fe y la práctica católicas han estado tan cerca de los dos cargos más altos de la política estadounidense.