El Comité de Bioética advierte en su informe al Ejecutivo de que la ley propuesta no es válida desde un punto de vista ético porque «reconoce la muerte como un derecho incorporable al catálogo de prestaciones de la Sanidad pública». «Existen sólidas razones sanitarias, éticas, legales, económicas y sociales para rechazar la transformación de la eutanasia en un derecho subjetivo y en una prestación pública», asegura. Todos los miembros aseguran que legalizar la eutanasia o el suicidio asistido «supone iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana cuyas fronteras son harto difíciles de prever, como la experiencia de nuestro entorno nos muestra», escriben. Y advierten que legalizar la eutanasia como un derecho «puede afectar al futuro de las personas más vulnerables». La compasión dicen, debe conjungarse con responsabilidad y prudencia, además del «deber de no abandono y la solidaridad» y temen que la eutanasia se convierta en una práctica que quede en manos del Estado. El documento, muy crítico, se queja de que el Gobierno haya llevado al Congreso una ley sin haber universalizado previamente los tratamientos y apoyos sociales que necesitan los enfermos crónicos y aquéllos en una situación terminal. «Se propone poner fin a la vida de una persona como única solución a su situación de sufrimiento», subrayan. Por ello, apuestan también por los cuidados paliativos y rechazan que la eutanasia pueda verse como un «logro progresista». «Ni la eutanasia ni el auxilio al suicidio son signos de progreso, sino un retroceso de la civilización. En un contexto en que el valor de la vida humana con frecuencia se condiciona a criterios de utilidad social, interés económico, responsabilidades familiares y cargas o gasto público, la legalización de la muerte temprana agregaría un nuevo conjunto de problemas», finalizan. El CBE tiene entre otras funciones la responsabilidad de emitir informes en asuntos con implicaciones bioéticas relevantes. Los informes no son vinculantes.