Las nuevas leyes fueron aprobadas ayer con el apoyo de los dos partidos principales, y a pesar de la fuerte oposición de la Iglesia. La legilación es resultado de las recomendaciones de la Comisión Real de Respuestas Institucionales al Abuso Sexual Infantil, y su incumplimiento conllevará una sentencia de tres años de cárcel. En una presentación formal a una investigación parlamentaria, el arzobispo de Brisbane Mark Coleridge dijo que despojar a los católicos del secreto de confesión convierte a los sacerdotes en «menos siervos de Dios que agentes del estado». El prelado advirtió que la legislación plantea «importantes cuestiones sobre la libertad religiosa» y se basaba en un «pobre conocimiento de cómo funciona realmente el sacramento en la práctica». Las nuevas leyes se aplican a la información recibida a partir de ahora, aunque se refiera a abusos ocurridos en el pasado. En el Parlamento, el diputado de One Nation Stephen Andrew expresó su apoyo a los líderes religiosos. «Muchos sacerdotes y obispos han declarado públicamente que irán a la cárcel antes de obedecer estas leyes. ¿Cuánta confianza puede tener el pueblo de Queensland en que viven en una democracia libre y abierta gobernada por el estado de derecho, donde el estado encarcela a sus obispos?» Australia Meridional, Victoria, Tasmania y el Territorio de la Capital Australiana ya han promulgado leyes similares.