El obispo hace un llamamiento a toda la comunidad política italiana:
«Por todo lo que está en juego en el debate en curso ante los cambios de la ley Zan, como obispo y como ciudadano italiano, apelo a todos los políticos de todos los bandos que se preocupan por la verdadera libertad en nuestro país, «en primer lugar» a los parlamentarios católicos: ¡la libertad de pensamiento y de expresión de cada persona, cada familia, cada asociación, cada comunidad religiosa está en cuestión!
Y añade:
«Es demasiado grave el riesgo de que se introduzca subrepticiamente un delito de opinión y que se acabe con el debate libre y crítico de ideas y concepciones sobre el ser humano. La ley es ambigua y peligrosa porque, con la intención de sancionar los actos discriminatorios contra los sujetos que practican libremente las opciones de vida y la orientación sexual, tiende a privilegiar y proteger una cierta visión de la sexualidad, que considera posible y normal la disociación entre el sexo (masculino o femenino) y la orientación de género que cada uno puede asumir».
Tras advertir que solo la Conferencia Episcopal Italiana y algunos obispos por su cuenta están levantando la voz contra la ley, concluye:
«No se trata de levantar barricadas o de llegar a enfrentamientos ideológicos, sino de defender la libertad de todos y cada uno de expresarse sobre aspectos fundamentales de la experiencia humana».
El Parlamento italiano lleva semanas abordando en diversas comisiiones el texto presentado por el diputado Alessandro Zan, del Partido Demócrata (PD, centroizquierda).
El proyecto recibió el favor de las fuerzas en el Gobierno, el Movimiento Cinco Estrellas y el PD, entre otras, y la negativa de la Liga ylos Hermanos de Italia.
El texto pretende modificar una ley de 1993 con la que se castiga la comisión e incitación de violencia y discriminación por motivos raciales, étnicos, religiosos o de nacionalidad, incluyendo «la orientación sexual e identidad de género».
La pena por estos delitos van desde los seis meses a los cuatro años de cárcel en los supuestos más graves, como la violencia por las mencionadas razones.
Zan sostiene que «una cosa es la libertad de expresión y otra incitar al odio». El problema, según indican varios obispos, es que se considere que la propia postura de la Iglesia sobre la condición moral de la homosexualidad y la transexualidad puede quedar bajo el estigma de incitación al odio.
El proyecto de ley será votado por el plenario de la Cámara de Diputados el 27 de julio y, de ser aprobado, pasará al Senado tras el parón veraniego de agosto.
