Los jueces de la Corte Suprema escucharon los argumentos orales por medios telemáticos -debido a la pandemia- de dos casos, que son tratados en un único expediente: la Escuela de Nuestra Señora de Guadalupe contra Morrissey-Berru y la Escuela Católica St. James contra Biel.
«No hay razón para que el gobierno se meta en el negocio de la enseñanza de la religión», declaró Eric Rassbach, vicepresidente y consejero principal de Becket, quien argumentó el caso en nombre de las escuelas católicas.
Ambos casos se centran en la «excepción ministerial», que protege el derecho de las iglesias y los ministerios religiosos a seleccionar y cesar a los ministros sin interferencia del gobierno.
Los jueces deben decidir si los profesores de religión de dos escuelas católicas pueden ser considerados ministros religiosos. Las escuelas no renovaron sus contratos, alegando que su decisión se basaba en el rendimiento, mientras que los profesores alegaron discriminación por edad y discapacidad.
Becket, el grupo que representa a las escuelas, ha dicho que las escuelas religiosas tienen derecho a clasificar a los profesores de religión como ministros, y que los tribunales no pueden cuestionar su determinación.
En 2012, la Corte Suprema decidió por unanimidad en el caso Hosanna-Tabor versus EEOC que una escuela luterana que despidió a un profesor, que enseñaba el plan de estudios completo, incluida la religión, estaba exenta de la Ley de derechos civiles porque el profesor era considerado un ministro religioso.
En los argumentos orales del lunes, los magistrdos cuestionaron el alcance de la excepción ministerial y si se podía argumentar a favor de ampliar la excepción de los profesores de religión en las escuelas religiosas para incluir a los profesores de ciencias o a los profesores/entrenadores deportivos de dichas escuelas que dirigen a los alumnos en la oración antes de cada clase.
Rassbach dijo que la determinación de si una persona es o no «ministro» tenía que considerar tanto su actividad laboral como si se tiene o no el título del mismo. Las dos escuelas católicas buscaban claramente candidatos para la enseñanza de la religión que fueran católicos, y los profesores «son los administradores de su fe» y «líderes de su clase». «Estas son las personas que enseñarán la fe a la próxima generación», dijo.
Jeffrey Fisher, en representación de uno de los demandantes, dijo que clasificar a los maestros como ministros, y así asegurar la inmunidad de las escuelas en la decisión de no renovar sus contratos, sería un «cambio radical» en la jurisprudencia. Crearía «zonas libres de leyes laborales» y «despojaría» a cientos de miles de personas, incluidas las enfermeras de los hospitales religiosos «de las protecciones laborales básicas», advirtió.
