Según las denuncias, consideradas "más allá de la credibilidad" por parte de la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas, los Obispos habrían preparado un video viral en el cual se acusaba al Presidente del país, Rodrigo Duterte, de participar en actividades de narcotráfico.

El Departamento de Justicia determinó que ninguno de los Obispos tenía intención alguna de cometer un crimen de sedición y que las acusaciones presentadas no tenían ninguna evidencia que las respaldara. Los prelados exonerados son el Arzobispo de Lingayen-Dagupan, Mons. Sócrates Villegas, el Obispo de Kalookan, Mons. Pablo Virgilio David, el Obispo de Cubao, Honesto Ongtioco y el Obispo emérito de Novaliches, Mons. Teodoro Bacani. Además de los Obispos, el Departamento exoneró al sacerdote P. Robert Reyes y el religioso de La Salle Hno. Armin Luistro. Sin embargo, el estamento mantuvo acusaciones contra once sacerdotes, por lo cual se mantiene viva la teoría de una supuesta conspiración para conseguir la salida del Presidente Duterte del poder de Filipinas. Mientras la Iglesia mantiene su posición de que no tomará parte en ninguna acción violenta o ilegal en contra de las autoridades y defiende la inocencia de los acusados, numerosas personas han manifestado su apoyo a los eclesiásticos y han afirmado que las acusaciones constituyen un intento de intimidación a quienes ha expresado críticas sobre decisiones gubernamentales en la lucha contra el crimen y el respeto de los derechos civiles.