Tras los violentos sucesos y enfrentamientos que tuvieron lugar en Caracas el pasado miércoles, 12 de febrero, en los que murieron tres manifestantes y hubo decenas de heridos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha prometido que intensificará "la revolución hasta más allá de los límites" si existe, según él, cualquier intento de derrocarle.

En un encuentro con el denominado Mercosur obrero en Caracas, Maduro descartó este domingo que el Gobierno vaya a dar marcha atrás en sus políticas y, ante lo que considera un "golpe fascista", invocó la "legitimidad histórica" de la victoria electoral sobre el líder opositor Henrique Capriles para justificarlo.

El presidente venezolano insistió en que Venezuela no quiere retornar a los tiempos de "la derecha" y que "cada ataque" fortalece la revolución bolivariana. "Es la fuerza colectiva de un pueblo que se ha hecho poder y que no va a abandonar su proyecto histórico más nunca", añadió.

"Tendremos la sabiduría para que en Venezuela haya paz y para que los fascistas sean derrotados definitivamente", concluyó, sin aludir directamente a las protestas estudiantiles que en los últimos días han puesto en jaque la estabilidad política en el país.

Censura y amenazas a la prensa extranjera

En esa misma línea, Maduro ha dado un giro de autoritarismo dirigido a los medios de comunicación extranjeros que cuestionan sus políticas y que han denunciado las decisiones gubernamentales durante los enfrentamientos con los manifestantes.

El presidente acusó de "manipulación" a la prensa internacional, amenazó a los corresponsales de la agencia France Presse y admitió haber censurado al canal colombiano NTN24, con cobertura en todo el continente.

De hecho, el mandatario ordenó a dos plataformas digitales (Direct TV y Movistar TV) que fueran interrumpidas sus emisiones. "¡Fuera del aire NTN24! fue una decisión de Estado, para que lo sepan", dijo un airado Maduro mientras acusaba al canal de generar "zozobra".

"Nadie va a venir del exterior a tratar de perturbar el clima psicológico de Venezuela e igualmente otras cadenas que hay por ahí", amenazó, al mismo tiempo que se dirigía a la agencia estatal francesa: "denuncio a la Agencia France Presse de noticias, AFP; está en la cabeza de la manipulación", dijo.

Al mismo tiempo, el presidente de Venezuela no ha dejado pasar la ocasión para acusar a Estados Unidos de estar detrás de las revueltas y urdir un plan para echarle del poder y "abortar la historia".

"Excesos en la represión"

Sin embargo, la supuesta "manipulación" de la prensa extranjera en los hechos de violencia que se dan en Caracas estos días no es ningún invento llegado de fuera. Dentro del país también le llueven las críticas y, en concreto, desde alguien tan poco sospechoso de querer manipular como la Iglesia.

El pasado 14 de febrero, dos días después de los graves enfrentamientos que acabaron de forma trágica en las calles de Caracas, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) emitía un comunicado en el que pedía a las partes enfrentadas dar un paso adelante para acabar con los actos violentos.

En el texto "Construir la paz y evitar la violencia", los obispos venezolanos muestran su preocupación "por el creciente clima de tensión que ha caracterizado la vida nacional en los últimos días" y rechazan "cualquier tipo de violencia [...] así como los excesos en la represión" por parte de las fuerzas gubernamentales.

También subrayan "el derecho a la protesta pacífica, así como el derecho a la libertad de expresión e información", que "son valores sociales imprescindibles para el ejercicio de una auténtica democracia", aunque también recuerdan que "la protesta contra el Gobierno es legítima y constitucional, pero debe ser pacífica".

Por último, advierten de que "le corresponde al Estado atender los justos reclamos de los diversos sectores y ofrecer las condiciones mínimas para un diálogo social que permita superar los problemas sociales y económicos". Y concluyen con un llamamiento a los medios de comunicación para "informar la verdad con objetividad y evitar la exaltación de la violencia".

También en esa línea se manifestó al día siguiente el obispo de San Cristóbal, Mario Moronta, quien pidió que se sancione a los responsables de las muertes causadas durante la marcha de los jóvenes que protestaban contra el Gobierno.

"En el nombre del Señor Jesús, hacemos un llamado para que cese la violencia de todo tipo -la verbal, la de la agresión, la de la represión- y que busquemos demostrar que somos 'gente de paz'", dijo el pasado viernes en un comunicado donde pidió a los dirigentes "a encontrarse y compartir las ideas y opiniones en la búsqueda de un consenso y de un camino de paz social para todos".

Por su parte, el cardenal Jorge Urosa instó este domingo a los líderes del Gobierno y oposición de Venezuela a unirse serenamente parea luchar contra la violencia en las ciudades venezolanas. También exhortó a la Fiscalía a averiguar "a fondo" lo ocurrido el anterior miércoles. El Ejecutivo "debe desarmar a los colectivos, porque son personas civiles sin la capacidad constitucional y legal de portar armas", concluyó.

Lista de los detenidos

La Conferencia Episcopal Venezolana también ha pedido al Gobierno que dé una lista de las personas detenidas durante y después de la violencia desatada el miércoles en las calles de Caracas durante la manifestación pacífica. Se trata de garantizar la legítima defensa de estas personas, aseguran.

"El Estado de Derecho y la Democracia son el marco institucional propicio para el respeto, garantía y protección de los derechos humanos", dice el comunicado emitido por la Comisión de Justicia y Paz de la CEV y firmado por monseñor Roberto Luckert y monseñor Baltazar Porras, presidentes de la Oficina de Justicia y Paz, y de la Comisión de Pastoral Social, respectivamente.

Los obispos expresaron su dolor por “el costo humano que dejan como saldo las manifestaciones ocurridas en diferentes zonas del País los días 12 y 13 de febrero, que, hasta el momento, han arrojado 3 ciudadanos muertos y aproximadamente 66 heridos y 80 detenidos”.

Por ello, rechazaron la “criminalización generalizada, por parte del Estado, del derecho a manifestar y protestar”, así como “la participación de grupos civiles armados al margen de la ley (paramilitares) con la venia muchas veces de instituciones y fuerzas pública que tienen el deber de garantizar la paz social y los derechos fundamentales”.

Los obispos denunciaron que hubo un “uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza para mantener el orden público, vejando la dignidad humana” de los manifestantes, así como una “restricción de la información”, generando rumores, “incertidumbre y desasosiego en la población”.

En el comunicado, rechazaron “las detenciones arbitrarias, la irregularidad de la designación de un centro de reclusión que queda distante del Juez Natural y del sitio donde sucedieron los hechos”, “los tratos crueles para con los detenidos que atenten con la Dignidad Humana”, así como “cualquier iniciativa que tienda a la violencia y tergiverse la voluntad pacifica de los ciudadanos a expresar sus opiniones, ideas y descontentos”.

Ante esta situación, insistieron en exigir al Gobierno “un listado de los detenidos con su ubicación exacta y cargos que se le imputan, para garantizar el derecho a la legítima defensa y que la familia tenga la información de su familiar”.(Forum Libertas)