La carta del cardenal Cañizares es su respuesta a las declaraciones de Isabel Celaá, Ministra de Educación del gobierno social-comunista de España, en las que aseguró, en relación al pin parental por el que se requiere el permiso de los padres para que sus hijos reciban talleres sobre materias que afectan a la moral, que «no podemos pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres».

El arzobispo de Valencia empieza su escrito recordando a quién corresponde el derecho y el deber de educar a los niños:

Es verdad comúnmente admitida que compete a la familia, a los padres, el derecho y el deber originario de educar a la persona humana, a los hijos, en cuanto personas que son. Esta misión educadora de los padres, arraigada en la más profunda entraña de su ser padres, está basada en su participación, para los creyentes, en la obra creadora de Dios y, para todos, en la razón. Sólo los sistemas dictatoriales, las dictaduras, afirman que este derecho-deber le corresponde al Estado, porque los hijos no son de los padres, no pertenecen a los padres, sino al Estado.

Tras asegurar que la familia es la gran escuela de la socierdad, advierte:

No puede ser suplantada por nada ni por nadie. Así lo reclama no sólo el bien privado de cada persona humana sino el bien común, el bien de la sociedad, inseparable siempre del bien de la persona. La sociedad está, debe estar, al servicio de la familia y de la persona, también en el campo de la educación; debe respetarla y promoverla, también en este campo; no puede sustituirla en modo alguno, ni invadir su inalienable misión.

Y por ello pregunta:

¿Se quiere volver al pasado y resucitar una nueva dictadura? Porque el artículo 27 de la Constitución, clave y quicio de la Ley Fundamental de nuestra Nación, reconoce y garantiza este deber y derecho de los padres. ¿Se pretende que sea como Cuba, o China, o lo que fue la Unión Soviética donde los hijos eran del Estado y no pertenecían a los padres? Es tan evidente que pertenecen a los padres, que no deberíamos emplear ni un minuto en discutirlo.

Y concluye:

En el paradigma en que se sitúa la Sra. Ministra, ¿dónde queda la libertad de enseñanza, la libertad religiosa y moral y qué espacio queda para lo que no sea el pensamiento único y dominante? ¿Así se piensa progresar? Esto es un retroceso muy grande. Lo siento. Debe aclararse el Gobierno y no falsear ni engañar, porque va contra el bien común, objetivo ineludible que debería buscarse.