Había una especie de acuerdo tácito de alternar ‘progresistas’ y ‘conservadores’, quizá con un criterio pacificador o por creer que la catolicidad -universalidad- de la Iglesia no es meramente geográfica.

Ahora, para bien o para mal, todo es perfectamente previsible. Sabíamos que el arzobispo Chaput sería desalojado del Arzobispado de Filadelfia en cuanto cumpliera 75 años, la edad canónica en la que es obligatorio presentar la renuncia, aunque esté en plenas facultades y no haya cometido, que sepamos, falta alguna que impida su continuidad.

Y, sin embargo, todos lo sabíamos, como sabíamos que no le aceptaría esa misma renuncia, en la misma semana, al cardenal arzobispo de Viena, Christoph Schönborn. Francisco no tiene el menor reparo en obviar el acuerdo tácito del que hablábamos antes y usar nombramientos, promociones y aceptación de renuncias como medio para premiar a los leales y deshacerse de los tibios o insuficientemente entusiastas con sus obsesiones particulares, especialmente la conversión ecológica y la ‘acogida’ al inmigrante.

Y uno de los principales mecanismos de que se sirve para lo segundo es la obligación canónica de presentar la renuncia al episcopado al cumplir los 75 años, que el Papa puede rechazar y que de hecho rechaza a menudo.

Con toda la razón, porque la medida no parece tener demasiado sentido. La setentena no es una mala edad para un pastor, sobre todo en nuestro siglo, con el aumento de la esperanza de vida y la mejora de la calidad de vida en la ancianidad. ¿Qué sentido tiene? Si creyéramos que a partir de esa edad uno se vuelve poco apto para llevar la cura de almas de una diócesis, el cese debería ser automático y la dimisión, irrevocable. Pero si una diócesis es demasiada responsabilidad para un hombre mayor de 75 años, ¿no lo será aún mayor la Iglesia universal? Y, sin embargo, ni pesa sobre el Romano Pontífice semejante obligación ni se le ocurre a nadie proponerla.

La verdadera razón de esa curiosa norma tiene poco que ver con las facultades del elegido. Fue el Papa Pablo VI quien, en 1966 promulgó el Motu Proprio Ecclesiae Sanctae en el que se ‘encarecía’ a los obispos que hubieran cumplido 75 años a presentar “espontáneamente la renuncia de su oficio”. Con esto, al iniciarse el postconcilio, la Santa Sede se deshacía de los pastores de más edad, de quienes podía preverse una mayor resistencia a aplicar las innovaciones conciliares.

El actual Papa quiso normalizar esta medida en la Carta Apostólica en forma de Motu Proprio “Imparare a congedarsi”, con la cual se regula la renuncia a los 75 años de edad, de los titulares de algunos oficios de nombramiento pontificio. En el documento, se precisa que el encargo no cesa ipso facto a 75 años, sino sólo después de la decisión del Pontífice, a quien es necesario presentar la renuncia. Por lo tanto, una decisión que puede prolongarse por más de los tres meses establecidos en el artículo 3, del canon 189 del Código de Derecho Canónico.

Y, naturalmente, el Papa puede decidir “excepcionalmente” que el renunciante permanezca en el cargo, por “la importancia de completar adecuadamente un proyecto provechoso para la Iglesia; la conveniencia de asegurar la continuidad de las obras importantes; el periodo de transición de un Dicasterio; la importancia del aporte de una persona a la aplicación de las directivas emitidas por la Santa Sede o sobre la recepción de nuevas orientaciones magisteriales”.