La Ministra de Educación del gobierno social-comunista de España recincide en su desprecio al derecho de los padres a elegir la educación para sus hijos.
El Ejecutivo quiere llevar a los tribunales la resolución de la Región de Murcia en torno al llamado pin parental« se ha materializado en una resolución ante la consejería regional de tres páginas, según informa El Mundo.
El Ministerio de Educación sostiene que el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones es un »derecho accesorio«.
El requerimiento considera que estas instrucciones del gobierno murciano «suponen una vulneración del derecho fundamental a la educación que reconoce el artículo 27.1» de la Constitución «al priorizar frente a dicho derecho fundamental a la educación el derecho accesorio» que, en opinión del Ministerio, asiste a los padres.
Estas declaraciones suponen una escalada que muestra el verdadero rostro totalitario del gobierno a las dos semanas de su formación.
El pasado viernes la Ministra de Educación, con la excusa del «pin parental» ya declaró que «No podemos pensar de ninguna de las manera que los hijos pertenecen a los padres». El «pin parental» no es más que un mecanismo para que los padres puedan ejercer su derecho a que sus hijos reciban la educación de acuerdo a sus convicciones morales, especialmente en actividades extracurriculares o impartidas por personas ajenas al centro.
Hace dos meses, en el Congreso de Escuelas Católicas, la ministra negó que la Constitución española garantice el derecho de los padres a elegir colegio y enseñanza religiosa para sus hijos
Un «155» contra el «Pin Parental»
Respecto a la posibilidad de que el Gobierno aplique el 155 e intervenga en Cataluña, como ha dicho -asegura que con «sarcasmo»- la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, Celaá ha asegurado que «no» se está barajando esta opción. «Vamos a ir viendo», ha afirmado, para recordar a continuación que lo que ha hecho el Ejecutivo es enviar un requerimiento al Gobierno de Murcia con el fin de que «reponga la legalidad y restaure un sistema educativo normalizado».
Se da la circunstancia de que el adoctrinamiento denunciado repetidamente en las comunidades autónomas de Cataluña y País Vasco nunca ha tenido este nivel de respuesta, lo que manifiesta que el Partido Socialista no se interesa por el asunto. Aunque esta vía, llegue a prosperar o no, abre la posibilidad de que en un futuro, cuando haya otro gobierno, se pueda usar el «155» en cuestiones de educación.
