Bélgica legalizó la eutanasia en 2002, convirtiéndose así en el segundo país en tomar esta medida después de los Países Bajos. Según la legislación, para determinar la legalidad del procedimiento se pueden tener en cuenta tanto los sufrimientos físicos como los psicológicos. En la actualidad, se practican más de dos mil eutanasias al año en el país, una cifra que crece todos los años.

En 2010, una mujer belga de 38 años, Tine Nys, se sometió a una eutanasia por razón de sufrimiento psicológico, con la aprobación de tres doctores, uno de ellos psiquiatra. Aunque la eutanasia es legal, la familia ha denunciado a los médicos implicados por no haber respetado los procedimientos establecidos. La primera acusación contra los doctores fue desestimada por falta de pruebas por un tribunal local, pero la familia apeló la decisión y el tribunal de apelaciones determinó que había «pruebas suficientes para fundamentar la alegación de que no se siguieron los procedimientos adecuados». Los doctores están acusados de envenenamiento intencionado, un delito que conlleva penas de hasta cadena perpetua.

El caso ha levantado gran revuelo, por tratarse de la primera vez que unos médicos son acusados después de practicar una eutanasia desde que este procedimiento se legalizó en el país. Si bien diversos sectores belgas habían manifestado su preocupación sobre la aplicación de la eutanasia y sus consecuencias sociales y morales, hasta ahora no se habían producido acciones legales concretas.

Según informa Flanders Today, las hermanas de Tine Nys, que presentaron la acusación, afirman que no están en principio contra la eutanasia. Sin embargo, alegan que no se ayudó a su hermana a vivir con el autismo que se le diagnosticó solo dos meses antes de la eutanasia y que el doctor fue «inhumano» y no tenía los instrumentos médicos necesarios. Sophie y Lotte Nys explicaron que, «cuando era joven, Tine pasó una etapa difícil, con muchos altibajos», pero «ya la había superado». «Tenía un trabajo, en el que estaba contenta», cuando una ruptura difícil con su pareja «hizo que rebrotaran los antiguos sentimiento y, unos meses después, fue a su médico de cabecera para pedir la eutanasia». Tan solo cuatro meses después de esta consulta, se llevó a cabo el procedimiento para provocarle la muerte. En ese momento, la mujer no estaba recibiendo ningún tratamiento por depresión u otros problemas psicológicos y no había sido hospitalizada desde hacía quince años.

A la polémica de este caso se ha añadido un nuevo elemento debido a unas declaraciones sorprendentes del abogado defensor de los doctores juzgados, Walter Van Steenbrugge, al periódico Het Nieuwsblad. El abogado afirmó que había estado investigando los perfiles en los medios sociales de los posibles miembros del jurado para rechazar a los católicos devotos.

Van Steenbrugge, uno de los más prestigiosos abogados del país, explicó que su equipo solo había recibido «una información muy breve» acerca de los posibles miembros del jurado, así que habían tenido que investigar su perfil y declaraciones en los medios sociales. «Por supuesto, excluiré a personas que sean muy católicas, por ejemplo, si manifiestan una gran devoción a María», afirmó. «No queremos a miembros del jurado que alguna vez hayan escrito que la eutanasia debería considerarse un asesinato».

Lejos de considerar que esa forma de actuar sea reprochable, el letrado considera que estaría faltando a su deber como abogado si no rechazara a los católicos como posibles miembros del jurado. La ley, en cualquier caso, no exige que el rechazo de miembros del jurado esté motivado y otros abogados han confirmado que la práctica de investigar las afirmaciones en redes sociales de los posibles miembros del jurado es habitual.

Paul Quirynen, juez de paz, ha declarado a VRT NWS que esta forma de actuar es «un signo de los tiempos» y «un puñetazo en la mandíbula contra cualquiera que siga teniendo una inspiración cristiana y quiera hacer algo tan básico como presentarse como creyente». En ese sentido, criticó las «palabras provocativas» de Van Steenbrugge, que son un nuevo ejemplo de la «actitud agresiva que ya ha expresado en varios casos sobre abuso infantil en la Iglesia».

Resulta llamativo que, probablemente, unas declaraciones similares que reconocieran la discriminación de posibles jurados, por ejemplo, por ser mujeres u homosexuales, habrían tenido consecuencias legales y profesionales inmediatas para el abogado. Sin embargo, la discriminación de católicos por el hecho de serlo resulta socialmente aceptable.