Después de que Pekín firmara un acuerdo con la Santa Sede en septiembre de 2018 para unificar las comunidades católicas sancionadas por el Estado y las clandestinas, asegura el informe de la Administración de Estados Unidos, las autoridades locales chinas han sometido a los católicos a una creciente persecución, demoliendo iglesias, retirando cruzos y deteniendo a clérigos de la Iglesia fiel. El informe cubre el lapso entre agosto de 2018 y el mismo mes de 2019, y es fruto de una comisión establecida por el Congreso en el año 2000 para informar sobre violaciones de derechos humanos y actualizar una base de datos de prisioneros políticos.

Uno de los detalles que destaca el informe, hecho público esta semana, es la proliferación de campos de internamiento en el oeste de la provincia de Xinjiang y la brutal persecución a grupos religiosos. Forma parte de un plan quinquenal de ‘sinificación’ del Partido Comunista Chino para establecer el control estatal sobre la religión. Según los expertos, añade el informe, la intensidad y amplitud de la persecución no se veía desde la Revolución Cultural de Mao.

Y se prevé que China pise el acelerador del control sobre los grupos religiosos este año. Entre las nuevas restricciones previstas está la exigencia de que los grupos religiosos prediquen los valores del socialismo y promuevan los principios y políticas del Partido Comunista Chino, abierta y agresivamente ateo. El Partido se arroga la competencia de elegir a los líderes religiosos y a mediar en las disputas. Las iglesias clandestinas o domésticas quedan fuera de la ley.

Curiosamente, en el mensaje en que Su Santidad perfiló su programa para este año, en el que tuvo tanto protagonismo el aspecto político e internacional, no se pronunció la menor insinuación de protesta ante esta brutal laminación del catolicismo en un país para el que, hasta ahora, la Curia solo ha tenido buenas palabras.