En una entrevista con VaticanNews, monseñor Scicluna explicó que la posibilidad de abolir el secreto papal en casos de violencia y abuso de menores ya se había planteado en la Cumbre, convocada por el Papa en febrero de 2019.

“Recuerdo –dijo el arzobispo de Malta- que en la discusión, durante la Cumbre de febrero, se habló repetidamente del secreto pontificio casi como un impedimento a la debida información dada a la víctima y a las comunidades”.

“En mi opinión, esta decisión es histórica en el contexto de la institucionalidad jurídica del secreto pontificio y llega en el momento justo”, señaló el prelado.

Sobre los alcances del rescripto el secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe señaló que “los impedimentos que existían hasta este momento: la víctima no tenía la oportunidad de conocer la sentencia que siguió a su denuncia, porque existía el secreto pontificio. También otras comunicaciones eran obstaculizadas, porque el secreto pontificio es un secreto del más alto nivel en el sistema de confidencialidad del Derecho Canónico. Ahora también se facilita la posibilidad de salvaguardar a la comunidad y de decir el resultado de una sentencia”, explicó.

Consultado sobre si la abolición del secreto pontificio significa que los documentos se harán públicos, monseñor Scicluna indicó: “No son de dominio público pero, por ejemplo, se facilita la posibilidad de una colaboración más concreta con el Estado, en el sentido de que la diócesis que tenga documentación ya no está atada al secreto pontificio y puede decidir -como debe- colaborar bien, entregando una copia de la documentación también a las autoridades civiles”.

Por último el arzobispo señaló que “esta nueva ley, también habla de la necesidad de salvaguardar la vida privada de la persona, la buena reputación de las personas involucradas, así como su dignidad. Siempre se requiere una cierta reserva en el ámbito penal y esta sigue estando garantizada. Esto no significa, por tanto, que la documentación pase a ser de dominio público, sino que se facilita la colaboración con el Estado y con otros organismos que tienen derecho a acceder a dicha documentación”.