Tanto los fiscales generales federales como los estatales (regionales) abordaron los principios clave de las leyes que dependen de los gobiernos estatales y territoriales, y que buscan implementar las recomendaciones más polémicas de una investigación gubernamental sobre el abuso infantil.

«No se puede apelar al privilegio confesional para evitar la protección del niño o la obligación penal de denunciar las sospechas o el conocimiento de abuso infantil» según un comunicado publicado después de la reunión de abogados.

Además, los sacerdotes no podrían usar el «privilegio confesional» para evitar presentar pruebas contra un tercero en procedimientos penales o civiles.

Aunque la mayoría de los estados ya están aprobando leyes en ese sentido, la posición unificada implementaría un estándar nacional.

El arzobispo Mark Coleridge, presidente de la Conferencia Episcopal australaiana, declaró que aunque la la Iglesia Católica apoya que haya una legislación «consistente a nivel nacional» para proteger a los niños, considera que la eliminación de la protección legal para el «sacramental secreto de confesión» es inútil e innecesaria:

«La eliminación de la protección legal (ndr: del secreto de confesión) sería ineficaz, contraproducente e injusta: ineficaz porque los abusadores no buscan la confesión y ciertamente no la buscarán si saben que sus delitos serán denunciados. Contraproducente porque se perdería la rara oportunidad que un sacerdote puede tener de aconsejar a los abusadores que se entreguen y modifiquen su vida; e injusto porque establecería por ley una situación en la que un sacerdote no podría defenderse de un acusación hecha contra él».