La Iglesia Católica australiana no obedecerá la ley apenas sancionada en el estado de Tasmania que obliga, so pena de cárcel, a denunciar ante las autoridades los casos sobre presunto abuso de menores, incluidos los revelados en el confesionario. El arzobispo de la diócesis, Julian Porteous, prontamente declaró que los sacerdotes no tienen posibilidad de acatar una ley secular que imponga violar el voto sacerdotal.

El Consejo legislativo de Tasmania aprobó el miércoles la ley, presentada por el gobierno conservador, que impone tal obligación a los religiosos, además de los parlamentarios, educadores, policías y profesionales de la salud. La norma obliga a quien tenga conocimiento de abusos sexuales a menores a tener que denunciarlo ante la policía y prescribe una pena máxima de 21 años de cárcel o multas de hasta 3.360 dólares (2.080 euros).

Una normativa similar fue ya introducida, luego de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Investigación sobre Respuestas de las Instituciones a los Abusos de Pedofilia, en los estados de Australia del Sur y Victoria y en los territorios del norte y de la capital federal, y también allí obispos católicos hablaron de la imposibilidad de los sacerdotes a acatar este ley.