La acusación pesaba sobre ella desde que en 2016 dio a luz en su casa. Según declaró, tuvo un parto en la letrina de su casa, donde perdió el conocimiento tras sufrir un fuerte sangrado y el bebé nació muerto.

Cuando fue al hospital, fue denunciada por el médico. En primera instancia fue condenada a 30 años por homicidio agravado (agravado por ser la madre del bebé). Posteriormente la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia y ordenó a un tribunal colegiado emitir un nuevo fallo. Ahora el tribunal ha estimado que “no hay forma de comprobar el delito”, es decir, que el bebé muriera por acción criminal de ella y no de modo natural. Ha pasado 33 meses en la cárcel.

Si Evelyn Hernández no sabía que estaba embarazada, nada habría podido ayudarle una ley que reconociera el aborto legal
Si los hechos fueron efectivamente como ella mantiene, lo justo es ser absuelta. Lo que no puede reparar en absoluto es la desinformación que rodea este y otros casos, siempre que se utilizan como un símbolo por organizaciones militantes del derecho al aborto. Según ellas, el caso de Evelyn Hernández debería suponer un momento clave para la legalización del aborto en El Salvador y en otros países centroamericanos donde es un delito.

Sin embargo, la misma Evelyn Hernández ha asegurado en el juicio que ni tan siquiera sabía que estaba embarazada cuando dio a luz un bebé de ocho meses. Pero, si no lo sabía, nada habría podido ayudarle una ley que reconociera el aborto legal. No importa. Su caso sirve para que los activistas pro-aborto la utilicen como bandera para hablar de las tropelías que se cometen en El Salvador en estos casos. Algunas informaciones aseguran que en El Salvador “se castiga con hasta 50 años a las mujeres que abortan o sufren complicaciones obstétricas” (El País, 22-08-19 ).

El lector puede pensar que en El Salvador basta que una embarazada pierda al niño por un aborto espontáneo o dé a luz a un bebé muerto para que el fiscal corra a acusarla de aborto ilegal o de homicidio agravado, con el riesgo de que pase largos años en la cárcel (unas informaciones hablan de 30 años, otras de 40 y hasta de 50, según lo dramáticas que sean).

En realidad, en El Salvador la pena máxima por el delito de aborto provocado es de cinco años. Lo que podría llevar a una pena de 30 años sería, en todo caso, la muerte intencionada del recién nacido. Por infanticidio han sido condenadas las conocidas en los medios como “las 17”, mujeres salvadoreñas que están en la cárcel y que se han convertido en una especie de “presas de conciencia” para grupos defensores del derecho al aborto. Por ejemplo, Erika Guevara Rojas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha afirmado, a propósito del caso de Evelyn Hernández, que “la decisión del juez reafirma que ninguna mujer debe ser acusada injustamente por el simple hecho de sufrir una emergencia obstétrica”. Desde luego, pero todo depende de qué se entienda por “emergencia obstétrica”.

Las mujeres que están en la cárcel han sido condenadas por infanticidio, no por aborto
Ante la campaña internacional contra la ley salvadoreña en los casos de “las 17”, el director del Instituto de Medicina Legal, Miguel Fortín Magaña, declaraba ya en 2014 que “la tergiversación más grande es decir que por complicaciones obstétricas están presas 40 años. Están presas por un infanticidio probado científicamente”. Como muestra detalló algunos de esos casos en que las pruebas de Medicina Legal demostraron que los niños habían nacido con vida y que habían sido asesinados por otros medios (asfixia, golpes en la cabeza, cuchilladas…). Muy trastornada ha de estar una mujer para matar a su bebé recién nacido, y es una circunstancia que los tribunales han de valorar en cada caso. Pero si consideramos que los derechos reproductivos no incluyen el infanticidio, el que el Código Penal lo castigue es un signo de sociedad civilizada.

Lo que piensan los médicos
La tergiversación sobre el aborto en El Salvador se complica al decir que muchas veces las mujeres pobres que lo sufren han sido víctimas de violación. Es decir, primero las violan y luego las meten en la cárcel por negarse a tener el niño. En el caso de Evelyn se ha dicho que su embarazo fue producto de una “violación continuada “, que no se habría atrevido a denunciar. Sin embargo, su abogada, Bertha Deleón, se desentiende de esta información que, dice, “no formó parte de la estrategia de defensa ni está acreditada por ninguna vía”. Otra tesis no confirmada.

Lo curioso es que en el caso de Evelyn la defensa ha utilizado el argumento de que la muerte del recién nacido no se debió a ninguna acción de su cliente. Todo fue algo natural. En cambio, las organizaciones proabortistas que utilizan su caso lo que quieren es que sea legal una acción voluntaria dirigida a provocar la muerte del feto. Eso sí, con bisturí oficial y en medio hospitalario.

Pero da la impresión de que los médicos salvadoreños no están por la labor. En 2018 el Colegio Médico de El Salvador publicó un comunicado en el que proponía mantener la legislación actual por responder a una buena praxis médica, pedía buscar soluciones de fondo enfocadas en la prevención y desarrollar alternativas de apoyo a las embarazadas en situaciones difíciles. Asimismo, el comunicado decía respecto a los casos de “las 17”: “Ninguno es aborto”. Añadía también que estas campañas creaban incertidumbre en las madres al hacerlas pensar que se trataba de casos de abortos espontáneos, además de provocar una campaña de desprestigio internacional al país.

La mortalidad materna en El Salvador es inferior a la de la media de Latinoamérica
Y es que en muchas de las informaciones de la prensa internacional sobre el aborto en los países centroamericanos, se percibe un tufillo de supremacismo feminista occidental. Da la impresión de que los médicos de allí son incapaces de distinguir entre un aborto provocado y una “complicación obstétrica”; de que los tribunales imparten una justicia machista; y de que una ley que no deja la vida del feto al arbitrio de la madre es propia de un país atrasado.

Mortalidad materna
También se dice que la legalización del aborto evitaría muchas muertes de mujeres por complicaciones derivadas del embarazo o del parto. Pero cuando se ven las estadísticas, que estas campañas no suelen citar, se observa que en lo que se refiere a la mortalidad materna El Salvador está mejor que algunos otros países donde el aborto es legal o tiene menos restricciones. Según datos de 2015, el número de muertes de madres por cada 100.000 nacidos vivos era de 54 al año en El Salvador; en Colombia, donde el aborto sí es legal, era 64; en el conjunto de América Latina y el Caribe, 67. Lo cual nos sugiere que la mortalidad materna depende no solo de las leyes sobre el aborto, sino de otros factores más importantes, como el grado de desarrollo o la disponibilidad de recursos sanitarios.

Ciertamente, también la mortalidad materna en El Salvador es demasiado alta. A lo mejor, si las organizaciones que dedican tantos esfuerzos y dinero a promover la legalización del aborto lo emplearan en mejorar la atención médica de las mujeres embarazadas, la salud reproductiva de las salvadoreñas mejoraría.