El pasado lunes 12 de agosto el Ministerio de Justicia hizo pública esta petición a la Fiscalía a través de un comunicado de prensa en el que el Gobierno recuerda que “la gestación por vientres de alquiler es una práctica prohibida por la legislación española”.

Además precisan que “las agencias que ofrecen estos servicios en nuestro país se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países”.

La nota del Ministerio también especifica que “otras circunstancias que tienen en cuenta el Ejecutivo para pedir esta investigación a la Fiscalía es la posibilidad de que en esos terceros países se vulneren los derechos de las mujeres gestantes” y que, en ocasiones, “se hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas”.

El comunicado señala que con esta petición a la Fiscalía General del Estado se pretende “dar solución a las situaciones de hecho que se hayan creado atendiendo al interés superior del menor”.

Legislación en España

La legislación en España declara “nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero”.

Esto hace que las parejas españolas acudan a otros países para encargar y recoger a los hijos gestados en ese país, ya que la legislación española no lo sanciona.

Según el Gobierno de España, desde el 2010 y el 2016 se tramitaron en España 979 inscripciones por gestación subrogada en los registros consulares del extranjero.

Diversas asociaciones en contra de la gestación subrogada han manifestado su acuerdo con la decisión del Gobierno y han subrayado que los vientres de alquiler suponen la compra de un bebé y por lo tanto, se considera tráfico de personas, algo que en España está penalizado.