«La Confesión es sagrada, para cada sacerdote y para cada católico», declaró Mons. José Gómez en su artículo, publicado por National Catholic Register. El prelado recordó el testimonio de San Mateo Correa Magallanes, un mártir de la persecución religiosa en México en 1927 y quien dio la vida precisamente para defender el secreto de Confesión ante las presiones de sus captores, quienes deseaban saber los contenidos de las confesiones de otros creyentes encarcelados con el sacerdote. «Cada sacerdote toma seriamente sus obligaciones como confesor», agregó.
El Arzobispo indicó que «a veces las mejores intenciones pueden llevar a una mala legislación», recordando que la Iglesia Católica ha desarrollado programas y políticas para proteger a los infantes, mientras que la vulneración del sacramento no reporta ningún beneficio comprobado en la prevención de los delitos. En su lugar, «es una amenaza mortal para la libertad religiosa de todos los católicos».
«Los católicos creen que en el confesionario podemos decir a Dios todo lo que tenemos en nuestro corazón y buscar su misericordia sanadora. El sacerdote es sólo un instrumento, él obra en 'persona de Cristo'. Nosotros confesamos nuestros pecados no a un hombre, sino a Dios», recordó el prelado. «La privacidad de esa conversación íntima, nuestra capacidad de hablar con total honestidad desde nuestros labios hacia el oído de Dios, es absolutamente vital para nuestra relación con Dios».
Mons. Barron, por su parte, recordó que los sacerdotes, al igual que otros profesionales, ya están obligados a reportar los crímenes de abuso excepto cuando estos fueron conocidos en el sacramento de la Penitencia. El proyecto de ley propone eliminar esta excepción y consigue crear un dilema extraordinario e innecesario para los presbíteros: «Dado que la ley canónica de la Iglesia estipula que la violación consciente del sigilo de Confesión resulta en una excomunión automática, todo sacerdote, bajo esta nueva ley, se vería amenazado con el procesamiento legal y posible encarcelamiento por una parte o la exclusión formal del cuerpo de Cristo en la otra», lamentó el prelado. Además alertó sobre la probabilidad de que alguna persona se valiera de esta normativa par poner intencionalmente a los sacerdotes en esta encrucijada.
«Lo que espero sea claro, no solo para los católicos, sino para cualquier estadounidense comprometido con la Primera Enmienda, es que estamos tratando aquí con una violación atroz del principio de la libertad religiosa», denunció el Obispo auxiliar. «Los redactores de la Declaración de Derechos se alarmaron legítimamente ante la posibilidad de que el gobierno se entrometa en los asuntos de una comunidad religiosa, vigile sus creencias y vigile su comportamiento. Pero tal intervención y monitoreo es precisamente lo que implica la SB 360».
Mons. Barron recordó que los sacerdotes y los creyentes deben proteger el secreto de Confesión incluso cuando hacerlo pone en riesgo su propia vida. Las autoridades han reconocido esta disciplina de manera continua y por este motivo siempre han creado excepciones que protejan la libertad religiosa de los creyentes ene este campo. La pendiente inclinada que crearía la aprobación de la norma podría ampliar la vulneración del secreto de Confesión a otros delitos.
«Desde hace algún tiempo, las instituciones públicas de la Iglesia han estado bajo ataque del estado secular. El gobierno ha estado tratando de determinar qué se enseña y se practica en las escuelas católicas y qué se lleva a cabo en los hospitales católicos, incluso cuando estas prácticas van en contra de la doctrina formal de la Iglesia», alertó finalmente el Obispo auxiliar. «Pero con la SB 360, las autoridades seculares están llegando a la vida interior de la Iglesia, a su práctica y disciplina sacramentales. Los católicos deberían, por supuesto, levantarse en protesta extenuante contra esta muy agresiva incursión, pero también debería hacerlo cualquiera que se preocupe por la libertad de religión en nuestra sociedad».
