«Tocaron hace 20 días las puertas de la CEV para saber si tenían el derecho de asilo, que universalmente se le reconoce a la Iglesia, si caía el gobierno. Por razones lógicas no se dice quiénes», explicó Mons. Moronta, quien también informó de la respuesta de los obispos interpelados:

«Por supuesto la Iglesia está abierta para proteger a todos aquellos que sean atacados y a aquellos que requieran una atención. Pero la Iglesia no va a ser alcahueta, ni encubridores, que no lo somos. La Iglesia va a mantener su actitud de siempre, lo que ha hecho a lo largo de 20 siglos».

El obispo decidió hacer públicos esos datos tras el ataque con bombas lacrimógenas contra la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima en San Cristóbal, capital del estado fronterizo de Táchira.

Al menos 40 guardias nacionales atacaron la parroquia con la excusa de que dos manifestantes se habían refugiado en su interior durante la represión del Primero de Mayo.

«Es posible que en muchas de nuestras iglesias se puedan refugiar personas perseguidas, nuestras iglesias tiene en todo el mundo derecho de asilo. Ya es hora de que el mundo se dé cuenta de lo que está pasando en Venezuela», precisó el obispo, quien en su homilía del domingo en la misma iglesia asaltada, exigió que los militares protagonistas del ataque pidan perdón públicamente. «Es lo menos que pueden hacer».