Al inicio de la 118° Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh), este lunes 29 de abril y que se extenderá hasta el viernes 3 de mayo, el secretario del comité permanente de la CECh, monseñor Fernando Ramos, afirmó a los medios que “si un sacerdote viola el sigilo sacramental, recibe la grave pena de la excomunión. No hay legislación en el mundo que haya pasado a llevar este principio”, expresó el obispo en referencia al proyecto de ley que incluye a los religiosos en la obligación de denunciar de abusos a menores aún violando el secreto de confesión.

Este proyecto de ley fue aprobado en primera instancia, por unanimidad, en la Cámara de Diputados. Ahora ingresó al Senado para su ratificación. Su contenido coloca a los religiosos al mismo nivel de los uniformados (policías y Fuerzas Armadas), fiscales, funcionarios públicos, jefes de hospitales, clínicas y planteles educacionales indicados en el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal, artículo que sería modificado si se aprueba este proyecto, agregándose a “las autoridades eclesiásticas de cualquier confesión religiosa, sea de derecho público o derecho privado, y, en general los obispos, pastores, ministros de culto, diáconos, sacerdotes, religiosas u otras personas que conforme a las reglas de cada denominación religiosa detenten algún grado de autoridad sobre una congregación o grupo de personas en razón de la práctica de alguna creencia; los directivos de asociaciones, fundaciones o agrupaciones de carácter cultural, juvenil, educativa, deportiva o de otra índole”.

La Cámara de Diputados rechazó la indicación presentada desde la Iglesia que eximía la denuncia de los delitos que los religiosos conociesen en el contexto de una confesión.