Mike Pompeo fue claro:

«Las instituciones vinculadas a la OEA deberían centrarse en abordar las crisis de Cuba, Nicaragua y en Venezuela, no en promover la causa en favor del aborto»

Entre otras medidas, Pompeo ha indicado que su gobierno cumplirá con una ley federal, conocida como la Enmienda Slijander, que a pesar de ser aprobada en 1981 nuca ha sido aplicada de forma adecuada. Dicha ley prohíbe el uso de fondos públicos dedicados a la ayuda exterior si son utilizados para cualquier cosa que tenga que ver el aborto, sea a favor o en contra.

La medida va más allá de la llamada «Política de Ciudad de México», por la cual la administración Trump se comprometió a limitar la ayuda financiera a favor de política proabortistas en Iberoamérica. Ahora se extiende al resto del mundo.

Pompeo ha pasado de las palabras, «los dólares de los contribuyentes estadounidenses no se utilizarán para financiar abortos», a los hechos y ha anunciado la reducción de la contribución de EE.UU a la OEA en base al dinero que dicha organización dedica a promover la aniquilación de los no nacidos:

«A la luz de evidencia reciente, que muestra que un órgano de la OEA promueve el aborto, ordené a mi equipo que incluyera una disposición en los acuerdos de asistencia extranjera con ellos que prohíba explícitamente que el dinero que damos se use en el lobby relacionado al aborto.

Y para garantizar que nuestro mensaje se escuche alto y claro, reduciremos nuestras contribuciones a la OEA; esa reducción será equivalente a la participación estimada de los Estados Unidos en los posibles gastos de la OEA en actividades relacionadas con el aborto».