Casi nadie se habrá dado cuenta de que las Naciones Unidas, al menos en parte, participaron en la polémica Ley del estado de Nueva York que codificó las decisiones de la Corte Suprema de los EE.UU. que permiten el aborto hasta el nacimiento. .

Melissa Upreti, una «corresponsal especial» conectada al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, declaró en septiembre pasado ante el Comité de Mujeres del Consejo de la Ciudad de Nueva York en el que les dijo a los concejales que el derecho internacional exige leganlizar el aborto hasta el nacimiento.

Upreti recordó a los concejales de la ciudad de Nueva York que el «Grupo de trabajo de la ONU sobre la discriminación contra las mujeres en la Ley y en la práctica» envió una carta a los Estados Unidos «instando a la aprobación de la Ley de salud reproductiva».

Específicamente, Upreti le dijo al comité qué párrafos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) requieren que las mujeres tengan la mayor libertad posible para poder asesinar a sus fetos antes de nacer o que alguien más lo haga por ellas. El ICCPR es uno de los 2 tratados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ha sido ratificado por los Estados Unidos.

Upreti argumentó que criminalizar el aborto constituye una discriminación basada en el sexo y, por lo tanto, viola el tratado. Además, ella afirma que el artículo del «derecho a la vida» en el tratado incluye el derecho al aborto.

Continuó afirmando que ciertos «mecanismos de derechos humanos», refiriéndose a los comités de la ONU, «han pasado a exigir la despenalización como una obligación inmediata» y el no hacerlo podría «constituir un trato cruel, inhumano o degradante». Estas son categorías dentro de «crímenes contra la humanidad», afirmó.

Sin embargo, las afirmaciones de Upreti no están respaldadas por los documentos que cita. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no menciona el aborto; ni menciona «salud reproductiva», la frase utilizada para promover el derecho al aborto.

Los Estados que conforman el tratado nunca han acordado que el «derecho a la vida» incluya el derecho al aborto. Esa idea fue promovida por un comité de expertos en su mayoría partidarios del aborto encargados de monitorear el cumplimiento del tratado. En los últimos años se han comprometido a reescribir el tratado.

Los activistas pro-vida estadounidenses aplaudieron a la administración de Trump por expandir la llamada Política de la Ciudad de México, que bloquea el financiamiento estadounidense de grupos en el extranjero que realizan o promueven el aborto. Estos activistas pro-vida parecen haber pasado por alto el hecho de que promover el aborto es parte integral de los negocios de la ONU. Ningún cuerpo de gobierno, incluidos los ayuntamientos, es demasiado pequeño para que lo presionen los «expertos» de la ONU.

Incluso ahora, los estados miembros de la ONU están negociando un nuevo tratado que podría llamar a las leyes de protección contra el aborto «crímenes de lesa humanidad», como sugirió Upreti al Consejo de la Ciudad de Nueva York en septiembre pasado.

La ley de Nueva York fue aprobada por la Legislatura del Estado y firmada como ley por el Gobernador Andrew Cuomo. Leyes similares han sido propuestas en otros estados. Es probable que los organismos de la ONU también estén interviniendo allí.

Publicado con permiso de C-Fam.