La gobernadora de Oregon, Kate Brown, del partido Demócrata, está promoviendo un proyecto de ley para hacer obligatorio que funcionarios gubernamentales visiten las casas de todos los padres que hayan tenido un bebé, sin necesidad del permiso de las familias.

En el proyecto de ley, que recibió el número 526 al ser presentado en diciembre como parte del presupuesto de la gobernadora, se prevé que las autoridades sanitarias de Oregón estudien la forma de establecer esas visitas domiciliarias de profesionales sanitarios certificados. Las mismas autoridades sanitarias han explicado que no se trata de un servicio para familias con problemas, sino para «todos los niños». Si se aprueba la ley, que ya ha comenzado a aplicarse a modo de ensayo, todos los padres recibirán dos o tres visitas obligatorias de un profesional sanitario después del parto o la adopción.

Es previsible que la nueva normativa se apruebe sin problemas, ya que en el Senado de Oregón hay una amplia mayoría del partido Demócrata. Los partidarios de la ley consideran que se trata de algo que beneficiará a los niños, cuya salud debe ser tutelada por el Estado. La doctora Alanna Braun, de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón sugirió que las visitas no evaluarían solo la salud de los niños, sino también a los padres y presentó esas visitas como una ayuda para ellos.

En cambio, el proyecto ha hecho saltar las alarmas entre los que piensan que el Estado ya se inmiscuye demasiado en la educación de los niños y temen que la ley sea una forma encubierta de controlar aún más esa educación. «¿Qué pasaría si ese funcionario público se entera de que tienes la intención de educar a tu hijo para que crea que las relaciones prematrimoniales o los actos homosexuales son un pecado? ¿Te apuntaría en una lista? ¿Terminarías ante un panel que decidiría si eres idóneo para educar a un niño?», pregunta Mathew Arnold en el National Catholic Register. Desgraciadamente, esto, que podría parecer ciencia ficción, ya ha sucedido en otros lugares, como Noruega, donde el Estado ha retirado a algunos padres la custodia de sus hijos porque los «adoctrinaban» religiosamente.

En ese sentido, muchos señalan que Oregón, uno de los estados más progresistas de Norteamérica, tiene un historial preocupante por su sesgo ideológico, que se aplica implacablemente contra los que no lo comparten. Es muy conocido el caso de los pasteleros Aaron y Melissa Klein, que fueron multados por negarse a preparar una tarta para una boda gay y tuvieron que cerrar su negocio.

Paula Bolyard, advirtió en PJMedia que «la premisa fundamental tras estos intentos de hacerse con más poder está en que consideran que no se puede confiar en que los padres cuiden de sus propios hijos y defienden que los agentes estatales son los únicos cualificados para garantizar que los niños estén bien cuidados». También señaló que, en Oregón, los niños que dependen del estado a través del sistema de acogida tienen el doble de probabilidad de sufrir abusos que los que viven con sus familias.

Por otro lado, Oregón es uno de los estados más favorables al aborto del país, donde las chicas mayores de 15 años pueden abortar sin permiso paterno y gran parte de los abortos, se realicen o no por razones médicas, son subvencionados con dinero público. Oregón también legalizó hace más de veinte años la eutanasia, fue uno de los primeros estados en legalizar el uso de la marihuana, acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo, reconoce oficialmente un tercer género «no binario» y tiene la primera gobernadora abiertamente bisexual.

La mayor parte de esos «logros» progresistas se justifican en nombre del derecho a la libertad y a la privacidad. Cuando los poderes públicos deciden aumentar su control sobre las familias y la educación de los hijos, sin embargo, el derecho a la libertad y la privacidad parecen esfumarse mágicamente.