Durante la audiencia que concedió en el Vaticano este lunes 17 de diciembre a los miembros de la Delegación de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte recordó que “la defensa del bien común exige colocar al agresor en la situación de no poder causar perjuicio”.

Por este motivo, “los que tienen autoridad legítima deben rechazar toda agresión, incluso con el uso de las armas, siempre que ello sea necesario para la conservación de la propia vida o la de las personas a su cuidado. Como consecuencia, todo uso de fuerza letal que no sea estrictamente necesario para este fin solo puede ser reputado como una ejecución ilegal, un crimen de estado”.

En este sentido, explicó que “toda acción defensiva, para ser legítima, debe ser necesaria y mesurada”.

En definitiva, destacó que “el amor a sí mismo constituye un principio fundamental de la moralidad. Es, por tanto, legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida, incluso cuando para ello sea necesario asestar al agresor un golpe mortal”.