El Vaticano publicó el jueves 6 de diciembre una nueva ley promulgada por el Papa que pretende racionalizar y simplificar la administración de la Ciudad del Vaticano y que entrará en vigor en junio.

Esta reforma se rige por «los principios de racionalización, de ahorro y simplificación», y se somete a «criterios de funcionalidad, de transparencia, de coherencia normativa y de flexibilidad organizativa», explica el preámbulo del texto.

Para simplificar la estructura, las direcciones pasan de nueve a siete y las oficinas centrales de cinco a dos. Y para garantizar la transparencia, se crea un organismo de auditoría y control, que se encargará de evaluar el respeto de las normas en vigor y la eficacia de los servicios.

Además, un servicio de contabilidad general establecerá un balance y verificará la conformidad y la ejecución de los contratos. De éstos, los importantes deberán someterse a un estudio jurídico, limitando al máximo el recurso a empresas que no sean del Vaticano.

La gobernación, encargada de la organización diaria de la Ciudad del Vaticano, un territorio de 44 hectáreas en el centro de Roma, es el primer empleador de la Ciudad del Vaticano, con unos 2.000 colaboradores de los 4.500 del microestado. Algunos son eclesiásticos, pero muchos son laicos, como jardineros, técnicos, contables, miembros de los servicios de seguridad, guías de los museos del Vaticano, etc.

Bajo la fórmula de Motu Proprio
La Oficina de Prensa de la Santa Sede publicó el Motu Proprio del Papa que aprueba la nueva ley sobre el Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano y que ha sido promulgada con su publicación en L’Osservatore Romano el viernes 7 de diciembre.

En la introducción del documento se recuerda que desde el inicio de su Pontificado, el Papa Francisco advirtió la necesidad de reorganizar la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano «para hacerlo más idóneo a las exigencias actuales, al servicio eclesial que está llamado a prestar a la misión del Romano Pontífice en el mundo».

Por este motivo, el 18 de agosto de 2014 el Santo Padre confirió la potestad al Presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, Cardenal Giuseppe Bertello, para intervenir normativamente en esta reorganización.

El 22 de febrero de 2017 Francisco delegó al mismo Cardenal las facultades para realizar una nueva ley sobre el Gobierno del Estado e instituyó para eso una comisión de trabajo.