Termina en estos días la etapa de debate sobre la nueva Constitución cubana y comienza la fase de aprobación definitiva del proyecto destinado a sustituir la Carta Magna vigente desde 1976. Es un paso importante en la transformación que está viviendo el país caribeño, cuya revolución tuvo tanta influencia en todo el continente americano. El próximo mes de febrero, 11 millones de cubanos dirán “sí” o “no” al texto que les será presentado y que debe incorporar, en el sentido de tomar en cuenta, cerca de un millón cuatrocientas mil propuestas aportadas por personas individuales u organizaciones de base que durante tres meses tuvieron en sus manos los 324 artículos de la primera redacción. La comisión que preside la consulta proporcionó el dato de que siete millones trescientos mil cubanos de alguna manera han dado su opinión sobre el nuevo proyecto constitucional. Dicha cifra incluye los cubanos de la diáspora e incluso la Iglesia, que de ninguna manera permaneció al margen, como pedían los opositores más extremistas, sino que alentó expresamente a los católicos cubanos para que propusieran su aporte, ofreciendo al mismo tiempo indicaciones muy precisas sobre el contenido.

En la primera intervención en este sentido, en octubre de 2018, los doce obispos de Cuba declaran comprender, considerando la historia reciente de la nación, “a quienes piensan que su opinión no cuenta”. Sin embargo, invitan a los cubanos, a todos, “a optar por una participación consciente y responsable”. El tono inicial del mensaje de la jerarquía católica cubana es una valoración positiva del proyecto constitucional, en razón de que incorpora los derechos humanos reconocidos en varios tratados internacionales a los que Cuba ha adherido y declara que “las personas son iguales en su dignidad, en sus deberes y derechos, sin discriminación alguna”.

Sigue a continuación la parte más crítica, que se concentra en algunos artículos – del 40 al 43 – que según los obispos no reconocen “la diversidad de opinión política”. Los obispos también consideran necesario explicitar que “el derecho a la vida debe respetarse desde el momento de la concepción del individuo hasta la muerte natural” y proponen que se incluya un artículo específico para prohibir la pena de muerte, que en Cuba está suspendida de hecho pero no excluida por ley. Manifiestan asimismo algunas perplejidades sobre el punto referido a la objeción de conciencia, que a juicio de la Iglesia cubana “requiere un mayor esclarecimiento”.

En las consideraciones que hacen los prelados sobre el borrador constitucional no escapa a su atención la inclusión de tres nuevas categorías como sujetos de derecho: « “género, orientación sexual e identidad de género” que provienen de una evidente influencia de la llamada “ideología de género”». Los obispos cubanos juzgan que dichas categorías “no son necesarias” porque sería suficiente la categoría “sexo” para que queden comprendidos todos los miembros de la sociedad. “El sexo viene dado por la naturaleza” afirma el documento, “y no es una construcción cultural adquirida, como propone equivocadamente la referida ideología de género, que se caracteriza por un fuerte subjetivismo que lleva al individuo a decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo”.

Los obispos piden más adelante una integración clarificadora del proyecto de nueva Constitución en la parte que trata sobre la relación con los credos religiosos. El texto sometido a la discusión de los cubanos reconoce a los ciudadanos “el derecho a profesar o no creencias religiosas, a cambiarlas y a practicar la de su preferencia, con el debido respeto a otros credos y de conformidad con la ley”. La Iglesia considera que esa formulación requiere un ulterior desarrollo para que Cuba pueda ser un moderno estado laico. Los obispos cubanos afirman que la libertad de practicar la religión propia no se debe entender como una simple libertad de tener creencias religiosas sino que debe significar “la libertad de cada persona de vivir conforme a los valores de la fe que profesa, de expresarlos públicamente, teniendo por límite el respeto al otro”. “En nuestro caso concreto” dicen los obispos, “esta libertad implica, además, el reconocimiento jurídico de la Iglesia y de su identidad y misión propias, lo que incluye la posibilidad de dar a conocer su enseñanza moral de acuerdo al Evangelio, de acceder de modo sistemático a los medios de comunicación, la libertad de enseñanza y de evangelización, de construir edificios y de adquirir y poseer bienes adecuados para su actividad; y la libertad de asociarse para fines no solo estrictamente religiosos sino también educativos, culturales, de salud y caritativos”. Como se puede observar, el reclamo recoge debates análogos que se desarrollaron recientemente en México y Uruguay o en contextos latinoamericanos caracterizados por gobiernos autoritarios de diferente signo.

El mensaje de la Iglesia cubana valora positivamente “el papel que el proyecto constitucional le otorga a la familia, y la disposición para que ésta cumpla su misión como célula básica de la sociedad, tal como está formulado en el art.67” del proyecto constitucional. Pero advierte una contradicción cuando en otros artículos afirma que “la enseñanza es función del Estado…”. “Entendemos” dicen los obispos cubanos, “que ni el Estado ni ninguna otra institución deben apropiarse esta delicada misión”. Otras dos observaciones críticas se refieren a la definición de matrimonio como “la unión de dos personas con aptitud para ello, a fin de hacer vida común” y a las disposiciones que regulan en sentido liberal las inversiones extranjeras, en relación con las cuales los obispos reclaman que también se extiendan a los ciudadanos cubanos. El punto sobre la propiedad privada, uno de los más delicados de la nueva Constitución, es visto con satisfacción por la Iglesia cubana, que sugiere a su vez interpretarlo a la luz de la Doctrina Social católica tradicional que “reconoce el destino universal de los bienes y la función social de la propiedad para lograr el desarrollo integral de la persona, la familia y el bien común”.

Este capítulo de la Iglesia cubana y la nueva Constitución que será aprobada en los próximos meses refleja los cambios ocurridos en el ámbito de la jerarquía católica a lo largo de medio siglo de convivencia con la revolución en sus distintas fases. Desde el repliegue de los años Sesenta y Setenta bajo los golpes implacables del castrismo triunfante, pasando por el diálogo que comenzó en 1982 hasta la colaboración abierta que promovió el arzobispo de La Habana Ortega y Alamino durante el pontificado de Benedicto XVI y el Papa Francisco.

Se puede considerar que el momento de discusión pública más importante que generó el proyecto de nueva Constitución dentro del catolicismo cubano fue el debate promovido en septiembre por la revista on-line Espacio Laical en el Centro Cultural Félix Varela. Fueron tres horas de apasionada discusión, “un verdadero ejercicio político” lo llama la revista de la diócesis de La Habana, que no ocultó las “incoherencias” del texto del gobierno y “la franca regresión social de algunos artículos”.

La revista anuncia la publicación integral de las intervenciones en los próximos días.