La cláusula del «derecho a la vida» en un importante tratado de derechos humanos de la ONU debe incluir ahora el derecho al aborto. Así lo dice un comité de expertos encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que la mayoría de los estados han ratificado.

El comité dice que los gobiernos deben despenalizar el aborto en todas las circunstancias y «eliminar las barreras existentes que niegan el acceso efectivo de mujeres y niñas al aborto seguro y legal, incluidas las barreras causadas como resultado del ejercicio de la objeción de conciencia por parte de proveedores médicos individuales», según el comité que supervisa la aplicación del tratado de la ONU sobre derechos civiles y políticos, ratificado por los Estados Unidos en 1991.

«La historia juzgará hasta qué punto hemos logrado emitir una declaración normativa para las generaciones venideras», dijo el profesor de derecho con sede en Jerusalén Yuval Shany cuando el comité adoptó el comentario legal la semana pasada en Ginebra.

Shany, quien dirigió la redacción del comentario, describió el comentario general, como se conoce el documento, por poseer una «sensibilidad humanitaria profunda».

Además de despenalizar el aborto, el comité intenta imponer a los estados la obligación de «proporcionar acceso seguro, legal y efectivo al aborto» cada vez que un embarazo pueda llevar a «dolor o sufrimiento importante». El comité también promueve la noción de que la «terminación de vida» es una forma de permitir que las personas «mueran con dignidad» y un enfoque abolicionista de la pena de muerte.

Todos los expertos en el comité que tomaron la palabra elogiaron a Shany, describiendo el comentario general como un momento decisivo. De los dieciocho miembros del comité, solo uno hizo sonar una nota de discordia, y fue rápidamente reprendido por otros miembros.

«Este lenguaje implicará la legalización del aborto sin restricciones, lo que en sí mismo negará el derecho a la vida del bebé por nacer», dijo el Embajador Ahmed Amin Fathalla, el Presidente del comité.

Agregó que permitir el aborto «sin criterios, restricciones o condiciones» bajo el pretexto de la libre elección y la privacidad daría lugar a otorgar un mayor estatus al derecho a la autonomía personal que al derecho a la vida y que el enfoque del comité «ignora toda evidencia médica» de cuándo podría comenzar la vida de un niño.

La intervención de Fathalla se realizó después de pensar que todos los demás miembros del comité que querían hablar tuvieron la oportunidad de hacerlo. Pero tan pronto como Fathalla mencionó el aborto, otros miembros levantaron airadamente los puntos de orden para interrumpirlo.

«No creo que este sea el momento o el lugar para expresar nuestras opiniones subjetivas y criticar», se quejó el profesor tunecino Yadh Ben Achour.

«Quizás este no sea el momento adecuado», dijo el erudito legal francés Olivier De Frouville.

La más dura de todas, Sarah Cleveland, profesora de derecho de los EE. UU., Presidida por el presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, acusó a Fathalla y dijo que había «maltratado el espíritu de esta conversación y la posición de presidente».

«Tengo derecho a hacer una declaración como miembro del comité», replicó Fathalla, explicando que esperaba que su declaración estuviera en el registro del comentario general junto con todas las demás opiniones.

El comentario general es la culminación de un proceso de cuatro años. Más de cien estados y organizaciones no gubernamentales instaron al comité a no interpretar que el tratado de derechos civiles y políticos de la ONU exige cambios en las leyes de aborto, entre ellos, Estados Unidos, Japón, Egipto y Rusia. No es vinculante, aunque a los miembros del comité les gusta describir sus opiniones como «autorizadas».

Según los expertos internacionales que suscriben los Artículos de San José , no existe un derecho internacional al aborto en virtud de ningún tratado de la ONU, y cuando los órganos de tratados promueven el aborto como un derecho, lo hacen de manera ilegal, y sus acciones no pueden dar lugar a nuevas obligaciones.

Uno de los co-redactores y firmantes de los Artículos de San José, el Director General del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia (ECLJ), Gregor Puppinck, dijo al viernes por fax: «El Comité claramente ha superado su mandato y ha violado las reglas que rigen la interpretación justa». De los tratados al afirmar que los Estados partes deben legalizar el aborto y pueden permitir el suicidio asistido. «Inferir los derechos a la eutanasia y al aborto y pretender que se trata del derecho a la vida es contradictorio y contradice la intención de la Convención».