En estas elecciones a mitad del mandato presidencial, se renovaba toda la Cámara de Representantes, un tercio del Senado, 36 gobernadores estatales, las asambleas legislativas de los estados, multitud de cargos locales, además de votar en referéndum 155 iniciativas legislativas sobre asuntos muy variados.

Los demócratas soñaban con una gigantesca “ola azul” que compensara un mapa político abrumadoramente tintado de rojo, el color de los republicanos. Sabían que en el Senado no lo tenían nada fácil, pues mientras ellos tenían que defender 24 escaños, los republicanos solo se jugaban 9 (y los independientes, 2). Con todo, la esperanza era que el descontento con Trump –con un índice de aprobación del 40%, según Gallup– se tradujera en un contundente revés en las urnas. El resultado ha sido un avance notable de los demócratas, pero menos del esperado.

“Desde 1860, 37 de las 40 elecciones de medio mandato han resultado en un retroceso para el partido del presidente en la Cámara de Representantes” (Gallard)
A falta de adjudicar 13 escaños, el Partido Demócrata ha logrado 224 de los 435 de la Cámara de Representantes (la mayoría está en 218), frente a los 198 que suma el Partido Republicano. En el Senado, los demócratas consiguen 46 de los 100 escaños, mientras los republicanos probablemente aumentarán su actual mayoría de 51.

Por qué el partido del presidente suele retroceder

Lo normal en este tipo de comicios es que el partido en el gobierno sufra un retroceso. Lo documentaba en Le Monde Mathieu Gallard, director de investigación de Ipsos Francia, un día antes de las elecciones: “Desde 1860, cuando se estableció el duopolio partidista entre demócratas y republicanos, 37 de las 40 elecciones de medio mandato han resultado en un retroceso para el partido del presidente en la Cámara de Representantes”.

Esta “implacable” tendencia se ha cumplido incluso en los casos de presidentes que en ese momento de su mandato contaban con un índice de aprobación muy alto, lo que es no es el caso de Trump. Por ejemplo, el de Kennedy (demócrata) estaba en el 61% cuando los suyos sufrieron un revés en las legislativas de 1962; el de Reagan (republicano), en el 63% cuando su partido retrocedió en 1986.

Gallard identifica dos dinámicas que explican este comportamiento electoral. La primera es la mayor abstención en estos comicios de los votantes que no están muy interesados en la política. En las presidenciales, acuden a las urnas por la importancia de los temas en juego. Sin embargo, “dos años más tarde, estos votantes tienden a abstenerse en las elecciones parciales, lo que conduce a una pérdida abrupta de votos”.

La segunda tiene que ver con los votantes que ven estas elecciones como una especie de plebiscito sobre la gestión del presidente. “En unas elecciones tradicionalmente poco movilizadoras (entre un 37% y un 42% de participación desde 2002), son sobre todo los votantes insatisfechos los que acuden a las urnas, siendo los satisfechos los más apáticos por naturaleza”. Según el sitio de noticias de análisis Vox, la participación en estas elecciones “parece haber superado con creces” las cifras de otras precedentes, aunque todavía es pronto para saberlo.

Qué pasó en la era Obama
Para calibrar el retroceso de los republicanos hay que compararlo con el de los demócratas durante la presidencia de Obama. En las elecciones en mitad de su primer mandato (2010), los demócratas perdieron 63 escaños en la Cámara de Representantes y 6 en el Senado. Y en las de su segundo mandato (2014), perdieron 13 representantes y 9 senadores. Bajo la batuta de Trump, por ahora los republicanos han perdido 28 escaños en la Cámara de Representantes y ninguno en el Senado.

En The Federalist, David Harsanyi amplía la perspectiva histórica más allá de Obama y anota cómo les fue a otros 18 presidentes en la Cámara de Representantes en sus primeras midterm: George W. Bush ganó 8 escaños en 2002; Bill Clinton perdió 54 en 1994; George W. H. Bush perdió 8 en 1990; Ronald Reagan perdió 26 en 1982...

Durante la presidencia de Obama, los demócratas no solo perdieron la mayoría de la Cámara de Representantes (2010) y la del Senado (2014). La sangría de cargos también se produjo en otros niveles, como explicó Esteban López-Escobar, catedrático de Opinión Pública, en un análisis para Nuestro Tiempo: tras las elecciones de 2016, el Partido Demócrata se quedó con solo 16 de los 50 gobernadores estatales; con el control de 31 de las 99 asambleas legislativas estatales; y con mil escaños menos en esas cámaras que en 2008, cuando ganó Obama.

Habrá que esperar a las próximas horas para ver cómo quedan los republicanos de Trump. A falta del recuento final en Georgia, los republicanos llevan 26 gobernadores (pierden 6); y los demócratas, 23 (ganan 7).

Una revolución judicial conservadora
Entre las ventajas para los republicanos de conservar la mayoría en el Senado, los analistas mencionan la capacidad de obstaculizar un posible proceso de impeachment al presidente (para la destitución hacen falta dos tercios de los votos de la cámara); el control de la política exterior y, sobre todo, la capacidad de seguir nombrando jueces conservadores.

“Esos nombramientos [de jueces] van a ser una de las cosas más importantes que hagamos, si no la más decisiva” (Trump)
Sobre esto último, se pronunció con claridad meridiana el exgobernador republicano Chris Christie en una reciente entrevista publicada en El País: “Si [Trump] retiene el Senado, seguirá haciendo lo que creo que es lo más importante que está haciendo, que es poner jueces conservadores en los juzgados en todos los niveles”.

En la misma línea iba un largo análisis de Tessa Berenson, publicado en la revista Time al cumplirse un año de la llegada de Trump a la Casa Blanca. Aunque todavía era demasiado pronto para hablar del legado del presidente, la periodista no dudó en sostener que el nombramiento de jueces conservadores formaría parte de él. El propio Trump lo corroboró a la revista: “Esos nombramientos van a ser una de las cosas más importantes que hagamos, si no la más decisiva”.

Por entonces –febrero de 2018–, el Senado había confirmado a 24 jueces federales de distrito nombrados por Trump. Además, durante su primer año, logró “la confirmación de 12 jueces federales de apelación, cuatro veces más que Obama en el mismo período”. Según Berenson, al presidente todavía le restaban 139 puestos por llenar.

A fecha de hoy, el Senado ha dado el visto bueno a 29 jueces de apelación y 53 de distrito, además de dos magistrados para el Tribunal Supremo, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, este último cuestionado en un proceso tremendamente emocional.

A diferencia de los jueces del Supremo, cuyo cargo es vitalicio, los de apelación y distrito pueden ser destituidos por el Congreso si incumplen la cláusula llamada de “buen comportamiento”. En la práctica, los nuevos jueces se mantendrán en el cargo hasta que renuncien, mueran o sean promovidos. Por lo que su impacto en la sociedad estadounidense será duradero, mucho más que los decretos presidenciales que Trump pueda dictar en el futuro.

Como explicaba Berenson, el equipo que está ayudando al presidente a elegir jueces busca, sobre todo, que favorezcan una interpretación más literal de la Constitución (textualismo) y según el significado público que tenían las palabras en el momento en que fueron promulgadas esas normas (originalismo), por un lado, y que combatan la proliferación de regulaciones administrativas, por otro.

Es interesante observar que, pese a que cambian los debates dominantes en la opinión pública, el del aborto nunca se va
El aborto sigue siendo debatido
En el capítulo de las iniciativas legislativas, el aborto y la marihuana han vuelto a ser los dos grandes temas éticos y sociales de estas elecciones, como ya ocurrió en las legislativas de 2014 y en las de 2010. El tema estrella de las de 2006, en cambio, fue la definición del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, aunque también hubo estados algunos que se pronunciaron sobre el aborto y la experimentación con embriones. Es interesante observar que, pese a que cambian los debates dominantes en la opinión pública, el del aborto nunca se va.

Alabama ha aprobado una enmienda constitucional que reconoce “la santidad de la vida por nacer y los derechos del no nacido, incluido el derecho a la vida” y que, al mismo tiempo, declara que no existe en la Constitución del estado un derecho al aborto ni a que sea financiado. En la misma línea, Virginia Occidental ha aprobado otra por la que niega la existencia de un derecho al aborto que deba ser financiado. En cambio, Oregón ha rechazado una que pretendía prohibir la financiación pública del aborto en determinados supuestos.

Cinco estados se han pronunciado sobre la marihuana. Oklahoma y Misuri han votado a favor de legalizarla con fines médicos, lo mismo que hará Utah, a la vista del 77% de los votos escrutados. Michigan la legaliza para uso recreativo, mientras que Dakota del Norte rechaza una iniciativa que pretendía lo mismo.

Entre las llamadas “guerras culturales” ha habido otras dos cuestiones controvertidas. El estado de Washington ha aprobado nuevas restricciones a las armas, como ya hizo en las legislativas de 2014. Y Massachusetts ha votado a favor de no discriminar por razones de orientación sexual en los espacios públicos (en la práctica, un espaldarazo a los “baños trans”).

En otros estados se han votado iniciativas relacionadas con los derechos de las víctimas de delitos, las energías renovables, las condiciones para votar, el salario mínimo, la expansión de Medicaid...