En el proceso de despenalización de la eutanasia en la que está inmerso el Parlamento de los Diputados español no se suele subrayar que ese trámite, está arrinconando el de el proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona ante el Proceso Final de su Vida, la conocida ley nacional de cuidados paliativos, que necesita ser consensuada para presentarse a la Comisión de Sanidad y de ahí al Congreso.

De nuevo, la ideología se impone por encima de las necesidades de los pacientes y los ciudadanos, ya que la legalización de la eutanasia comporta un posicionamiento ideológico, mientras que la de los cuidados paliativos es una necesidad de la que adolecen muchas comunidades autónomas y los pacientes que la necesitan.

Mientras esta semana los diputados votaban la enmienda a la totalidad del PP contra la Ley que quiere despenalizar la eutanasia, presentada por el grupo socialista en el Congreso, el grupo de diputados que discuten la ponencia sobre los cuidados paliativos está debatiéndola desde marzo de 2017. Es evidente que el debate de la eutanasia está desplazando del debate la necesidad de una ley de cuidados paliativos que dote a los médicos de unos procedimientos y una partida presupuestaria de una herramienta fundamental para la calidad de vida del paciente en la última etapa de su vida.

La eutanasia adelanta a los paliativos
La razón es que los diputados no consiguen consensuar un único documento representativo debido a las diferentes visiones, por ejemplo las sanciones previstas por las posibles irregularidades de los profesionales. La lentitud ha provocado que la propuesta del PSOE adelante a la de Ciudadanos y se posicione como eje central del debate, cuando los profesionales reclaman con más urgencia la de paliativos.

Tanto el grupo de atención al final de la vida de la Organización Médica Colegial (OMC) como la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) han estado asesorando al partido de Albert Rivera en la elaboración de la citada Ley de Garantías. El aspecto más polémico es el que permitiría la sedación como un derecho del paciente, sin sujetarlo a la indicación facultativa. Algunos vieron aquí una puerta a la despenalización de la eutanasia y alertaron en este sentido.

En España falta mucho por hacer en la atención en paliativos. Más de 70.000 españoles -la quinta parte- mueren al año sin acceso a esta asistencia. Con este panorama, a los paliativistas les surge una duda más que razonable: si no está asegurado el acceso a los paliativos en todo el territorio español y la eutanasia está penada, ¿qué ocurrirá cuando se despenalice?