La Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (Coordiep), que agrupa a escuelas no confesionales y de diversos cultos, y la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina (Faera), que nuclea a los colegios de las congregaciones católicas, manifestaron su oposición al intento de modificar la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) por considerar que viola la libertad de enseñanza.

En una declaración señalan que durante el debate sobre la legalización del aborto “uno de los argumentos esgrimidos fue que la falta de aplicación de la ESI en las escuelas era una de las causas, si no la principal, de la proliferación de embarazos no deseados y los consecuentes abortos. Con esta premisa, de por sí parcial y simplista, algunos legisladores proponen como solución la modificación de la ley vigente, como si su texto fuera el causante del problema”.

“Las soluciones presentadas –dicen- van desde la aplicación de una educación sexual integral ‘científica, laica y de perspectiva de género’, hasta la eliminación de las adecuaciones que prevé el artículo 5° de la ley vigente: ‘Cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros’.”

En ese sentido, señalan que “con diversos matices, las propuestas que están discutiéndose en el Congreso y en varias legislaturas provinciales parten de la premisa de que los contenidos no solamente deben ser impartidos –como ya dispone la ley- sino que deben enseñarse desde una única perspectiva impuesta por el Estado, limitando la pluralidad de enfoques y de visiones antropológicas, filosóficas, éticas y culturales que hay sobre este tema”.

“Consideremos que el desarrollo de la educación sexual en el país no es un problema de la ley vigente ni de los condicionamientos de los idearios institucionales”, puntualizan. Y advierten que “los intentos conocidos por modificarla van hacia un enfoque monopólico y uniformador contrario a nuestro ordenamiento constitucional y legal, enfoque que empobrece a nuestra ya empobrecida educación, desconociendo la existencia de diversos puntos de vista en la materia y el valor democrático del pluralismo en una sociedad moderna”.