La Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina (FAERA) cuestionó los proyectos de ley que buscan modificar la Educación Sexual Integral (ESI) y manifestó que el Estado debe ser «altamente respetuoso» de las diferentes convicciones y el ideario institucional educativo, sin imponer ideologías.

El debate sobre una «educación sexual integral» en las escuelas de Argentina cobró fuerza luego del rechazo al proyecto de legalización del aborto. Desde entonces se han presentado iniciativas que buscan modificar la ley actual, pero con un marcado énfasis en la ideología de género.

FAERA está conformada por 66 congregaciones e institutos de vida consagrada, dedicados a la defensa de los derechos civiles, religiosos, pedagógicos y laborales; así como el fomento de la vocación del educador católico.

La asociación manifestó el 7 de septiembre que las propuestas tienen «un enfoque monopólico y uniformador contrario a nuestro ordenamiento constitucional y legal».

El enfoque «empobrece a nuestra ya empobrecida educación, desconociendo la existencia de diversos puntos de vista en la materia y el valor democrático del pluralismo en una sociedad moderna», agregó.

FAERA explicó que los «contenidos de la educación sexual integral no son de fácil aplicación», «no obstante, todas las comunidades educativas del país, estatales y privadas, debemos hacer un esfuerzo por adoptarlos de manera más profunda y contundente».

En ese sentido, el Estado «debe ser altamente respetuoso de las diferentes convicciones filosóficas, morales y religiosas, sin imponer ideologías».

«En el caso de las escuelas públicas de gestión privada, ningún contenido o prescripción didáctica puede desconocer a los idearios institucionales, que son públicos y conocidos de antemano por todos los que quieren recibir educación en sus aulas», sostuvo FAERA.

Tampoco se puede «desconocer el principio de libertad de enseñanza», por el cual las «instituciones tienen pleno derecho a brindar su aporte a la educación argentina desde su cosmovisión y experiencia».

«En el caso de las escuelas públicas de gestión estatal, la preparación y presentación» de la educación sexual integral debe ser «abierta a toda la sociedad, en general, y a cada comunidad educativa», «sobre todo contando con la participación y acuerdo de los padres, «agentes naturales y primarios de la educación»».

«Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban educación conforme con sus propias opciones en material moral y religiosa. Existe un derecho inalienable de los padres a guiar a sus hijos en la formación de su conciencia».