En Chile, la muerte de un niño en gestación implica su invisibilidad social. Tanto así, que el nombre que sus padres hayan escogido no estará ni siquiera en la tumba, pues será reemplazado por la denominación NN. Tampoco quedará inscrito en algún registro: técnicamente, son tratados como “restos biológicos”.

Según estimaciones oficiales, cada año hay más de 2.000 familias que enfrentan esta situación. Por ello, con el objetivo de corregirla, el gobierno presentó este jueves una iniciativa llamada ley de mortinato, dirigido a los niños que fallecen durante la gestación y sus familias.

El proyecto crea un catastro nacional a cargo del Registro Civil, en el cual los padres podrán inscribir a sus hijos fallecidos, permitiéndose así la identificación y el uso de sus nombres en la sepultura. No obstante, las autoridades aclararon que el proyecto no contempla fines civiles ni patrimoniales de ninguna especie.

El Presidente Sebastián Piñera sostuvo que con esta iniciativa se busca “entregar un trato más humano, más civilizado, a esos niños que murieron antes de nacer”.

Según aclararon desde el Ejecutivo, la inscripción sería voluntaria para las familias de aquellos fetos que superaron las siete semanas de gestación. Esta fecha, indicó el ministro de Salud, Emilio Santelices, se definió en base a aspectos técnicos, que consideran apropiada la identificación desde el momento en que “se desprende un ser desde la placenta”. Sin embargo, indicó que los criterios específicos se encontrarán en el reglamento que derive de la posible legislación.

Además, el proyecto tendría efecto retroactivo, permitiendo que aquellas familias que sufrieron la pérdida antes de la norma sea promulgada como ley, puedan beneficiarse con esta. Para ello, deberán presentar un certificado que acredite la muerte e individualizar la tumba donde se encontrasen los restos.

“Estamos muy contentos de poder llevar adelante este trámite legislativo, que humaniza el dolor que sienten los padres cuando sus hijos no alcanzaban a nacer. La idea nace a partir de una demanda de la sociedad civil, de las personas que han pasado por esto”, dijo la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.

Este tema ha sido abordado en diferentes oportunidades por el Congreso, con propuestas firmadas por miembros de diversos sectores políticos.

“Nosotros habíamos presentado una iniciativa que contó con apoyo transversal. Sin embargo, había una parte del proyecto que hacía necesario que el gobierno la patrocinara”, indicó el diputado Jaime Bellolio (UDI), en referencia a la creación del catastro especial, el cual es materia exclusiva del Ejecutivo.

Desde el gobierno destacaron el trabajo prelegislativo tras el proyecto, que incluyó reuniones con organizaciones de la sociedad civil, especialistas y equipos de los ministerios de Justicia, Salud y Segpres.