Nueva York, Nueva Jersey, Nebraska, Nuevo México, Florida, Missouri e Illinois han anunciado algún tipo de investigación sobre abusos clericales siguiendo la estela del Fiscal General de Pensilvania, Josh Shapiro, que este verano revolucionó el mundo católico con las espantosas revelaciones de su gran jurado.

La revelaciones, además de describir sacrilegios impensables y abusos estremecedores por parte de trescientos sacerdotes sobre un millar de víctimas, relatan los intentos de encubrimiento por parte de la jerarquía. En concreto, el Cardenal Donald Wuerl, sucesor del ex cardenal McCarrick al frente del Arzobispado de Washington, aparece citado en el informe más de 160 veces.

La Fiscal General de Nueva York, Barbara Underwood, ha cursado una citación que cubre las ocho diócesis del estado para investigar el modo en que la iglesia gestiona las acusaciones de abusos. El obispo de la capital del estado, Albany, Monseñor Edward B. Scharfenberger se ha adelantado a la petición y, en una iniciativa sin precedentes, ha puesto todos los archivos diocesanos a disposición del fiscal de distrito.

En Nueva Jersey, el fiscal general ha anunciado la creación de un equipo especial para investigar las diócesis, con poder para citar a cualquier prelado o solicitar la entrega de cualquier documento eclesial. El caso de Pensilvania ha alertado a los funcionarios judiciales sobre la existencia de archivos secretos en las diócesis en los que podrían encontrar toda la información que necesitan.

Las investigaciones anunciadas no van a adoptar el mismo formato, debido a las diferencias jurídicas de los distintos estados.

Este movimiento por parte de siete estados sugiere que las piezas del dominó siguen cayendo, y son pocos los que creen que parará aquí. Es probable que siga aumentando el número de estados que inicien investigaciones similares cuyos hallazgos podrían, eventualmente, propiciar una investigación federal en la que no sería imposible que se invocara la ley RICO aprobada para luchar contra el crimen organizado.