El origen de esta crisis probiene de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que impone a los estados firmantes de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que tomen las medidas necesarias para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha asumido este criterio y ha dado un ultimátum a la Asamblea legislativa del país para aprovar el matrimonio gay en un máximo de 18 meses. Si la Asamblea Legislativa no logra concretar una regulación en esos 18 meses, automáticamente quedará habilitado el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Estamos ante una situación sin precedentes y que quiebra gravemente los fundamentos d ela vida democrática: una cosa es que la Corte Suprema anule una ley que se considera inconstitucional (lo cual merecería un estudio exhaustivo), y la otra es que suplante al poder legislativo, de forma que si éste no hace lo que le dice, se impondrá una ley no aprobada por el Parlamento. Adiós democracia, hola dictadura de genero.

El resultado de este ataque a la democracia y el estado de dereco, que tienen como uno de sus pilares la separación de poderes, puede tener una enorme repercusión en el futuro de la libertad en el mundo ante las agresiones de la ideología de género.