La actitud del Gobierno español con los más de seiscientos subsaharianos del barco Aquarius -convertirlos por decreto en refugiados y garantizarles vivienda y empleo- recuerda poderosamente a la decisión adoptada por el primer ministro italiano Enrico Letta en 2013 y que acabó provocando la ‘invasión’ de Italia de 700.000 africanos y un caos que ha llevado al poder a dos partidos antiinmigracionistas. Y, según el prestigioso vaticanista Marco Tosatti, el jefe del Ejecutivo tomó la fatídica decisión tras recibir una llamada del Pontífice.

Estamos en el 3 de octubre de 2013. A pocas millas del puerto de Lampedusa naufraga una embarcación libia que transportaba a un grupo de inmigrantes ilegales subsahariano, con un balance de 366 muertos y veinte desaparecidos. Sobreviven 155, entre ellos 41 menores. Es la llamada ‘tragedia de Lampedusa’.

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Es a partir de esa tragedia cuando el gobierno ‘técnico’ -no salido de las urnas- de Enrico Letta pone en marcha la ‘Operación Mare Nostrum’, que tiene dos aspectos. El primero es mobilizar a la Marina italiana y a todos los efectivos disponibles para actuar en misiones de rescate masivas de embarcaciones con inmigrantes. El segundo, conceptuar a todos los náufragos de Lampedusa como refugiados, una evidente quiebra de la legislación internacional. Ambos detalles recuerdan poderosamente las medidas que ahora mismo está tomando el Gobierno español con el Aquarius y la frontera de Melilla y, gracias al caso italiano, ya sabemos cómo acaba la historia.

En 2017 llegaron por mar a las costas italianas 119.369 inmigrantes indocumentados, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 181.436 el año anterior. En los últimos cinco años, se calculan en 700.000 los inmigrantes ilegales llegados a Italia. Italia sucedía así a Grecia, el principal punto de entrada hasta la firma del acuerdo firmado por la UE con Turquía en marzo de 2016, que cerró la ruta de oriente a través de Oriente Medio.

La novedad que aporta Tosatti, obtenida de una fuente bien informada del Ministerior del Interior italiano que prefiere mantenerse en el anonimato, es que en esos momentos de duda y confusión el Pontífice, que entonces llevaba solo seis meses en la Cátedra de Pedro, telefoneó personalmente al primer ministro Letta para pedirle que Italia interviniese en auxilio de los inmigrantes.

Las fuentes que cita Tosatti recuerdan que la nueva política migratoria italiana, pese a lo que se aseguró inicialmente, acabó siendo poner los medios públicos al servicio del tráfico de seres humanos.

Si la noticia resulta ser cierta, se trataría de una injerencia crucial que ha transformado la estructura demográfica de Italia y, a la larga, llevado al Palacio Chigi a Giuseppe Conte en nombre de la coalición más soberanista que ha conocido Italia desde la Segunda Guerra Mundial. En cualquier caso, la postura maximalista de Francisco sobre la inmigración masiva, a la que no quiere poner límites ni de cantidad, ni de tiempo ni de legalidad, es sobradamente conocida y repetida a tiempo y a destiempo.