Nunca antes había sucedido. Agentes del cuerpo de Carabineros acudieron junto al fiscal Sergio Pérez al obispado de Rancagua con una orden de registro emitida por el Tribunal de Garantía de la localidad de Pichilemu, instancia que está a cargo de una investigación en contra de al menos 14 sacerdotes que han sido denunciados por presuntos abusos sexuales contra menores de edad y jóvenes. Casi al mismo tiempo, en Santiago, el fiscal Emiliano Arias se presentó en la sede del Tribunal Eclesiástico de la capital chilena, para incautarse de documentos relacionados con las denuncias hechas desde 2007 por hechos similares en la región de O’Higgins.

Las autoridades judiciales pretenden examinar todas las denuncias enviadas por las respectivas diócesis a la Congregación para la Doctrina de la Fe, así como las sanciones que ha establecido la Iglesia con base en el Derecho canónico, o que estén en poder del promotor de justicia asignado a cada investigación o del actual promotor de justicia de la diócesis de Rancagua, Marcelo Antonio Lorca Rodríguez. También las que pudieren estar en manos del canciller y notario de esta diócesis, Héctor Pulgar Quintanilla, o del Vicario Judicial de Rancagua, don Juan Luis Ysern de Arce. En Santiago, en tanto, se busca la misma información respecto del imputado Óscar Muñoz Toledo.

La justicia chilena informó que le pedirá al vaticano que le entregue toda la información disponible sobre estos casos, por lo que formalizará esta petición durante un encuentro con los dos enviados del Papa Francisco, Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, que llegaron a Chile hace dos días para llevar a cabo su misión pastoral en la diócesis de Osorno.

Australia reflexiona sobre la lucha contra la pederastia

El presidente de la Conferencia Episcopal australiana, Mark Coleridge, comenzará el próximo sábado 16 de junio una visita de diez días a Roma, que incluirá entrevistas con funcionarios vaticanos sobre las 122 recomendaciones de la Comisión australiana de investigación sobre las respuestas de as instituciones a las víctimas de abusos sexuales, en vista del Consejo plenario de la Iglesia católica australiana de 2020. Entre ellas está la controvertida recomendación de obligar legalmente a los sacerdotes a romper el secreto del confesionario y denunciar a la policía los casos de pederastia de los que vengan a conocimiento durante la confesión.

Coleridge, arzobispo de Brisbane, declaró que proteger a los menores no excluye ni cancela la integridad de los sacramentos, y que la Iglesia australiana seguirá colaborando con las autoridades para garantizar que ambos objetivos sean obtenidos y mantenidos. El religioso participará en una conferencia internacional sobre la tutela de los menores con algunos líderes católicos y expertos de lengua inglesa.

El primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, describió la réplica de su gobierno a la Comisión nacional de investigación sobre la respuesta de las instituciones para las víctimas de abusos sexuales, anunciando que aceptará 104 de las 122 recomendaciones en el ámbito de la jurisdicción federal. Entre ellas, la creación de una oficina nacional para la defensa de los menores y la adhesión aun programa nacional de indemnizaciones.

El gobierno sigue analizando las demás 18 recomendaciones del informe, presentado al final de cinco años de audiencias. Entre ellas el plan para obligar a los sacerdotes católicos a revelar información sobre abusos sexuales escuchada durante la confesión.

Turnbull también anunció que presentará las disculpas oficiales del Parlamento a las víctimas de abusos sexuales en las instituciones australianas, tanto laicas como religiosas, el próximo 22 de octubre, durante la National Children’s Week. Y se creó, además, un comité parlamentario para elaborar el texto de las disculpas oficiales.

El jefe de gobierno alabó la valentía, la honestidad y la fuerza demostrada por las víctimas y sus familias. «Para muchos de ustedes, la Comisión de investigación ha representado la primera posibilidad para hacer que les escuchen y para que sean reconocidos los disgustos y los sufrimientos que han sufrido, y, sobre todo, la primera posibilidad de ser creídos», dijo. «Finalmente les han creído y los responsables de sus sufrimientos serán llamados a responder y serán perseguidos por la ley» continuó el primer Ministro. «Su valentía ha permitido revelar la enormidad de los casos de abuso en las instituciones de nuestro país».

El sistema nacional de indemnización y la agencia para la tutela de menores estarán en funciones a partir del próximo primero de julio. Esta última deberá encargarse de un estudio en toda Australia sobre la prevalencia de los abusos sexuales contra menores, desarrollar una estrategia nacional de prevención y monitorear los progresos hacia el objetivo de «eliminar completamente tales abusos en esta nación».

El ministro de la Justicia, Christian Porter, declaró su apoyo a la controvertida recomendación de obligar a los sacerdotes a que refieran sobre las informaciones reveladas en la confesión, pero Coleridge las rechazó netamente, afirmando que no hay pruebas suficientes para sugerir que cancelar el secreto del confesionario mejoraría la tutela de los menores.

La Iglesia «no quiere proteger a los criminales, quiere que los niños sean protegidos de ellos», declaró Coleridge. La Iglesia quiere, en cambio, «medidas que verdaderamente vuelvan más seguros los ambientes para los menores. Pero nada sugiere que la abolición legal del secreto del confesionario ayude al respecto», añadió.

El ministro para los Servicios sociales, Dan Tehan, confirmó que, hasta ahora el 93% de los casos será cubierto por el sistema de indemnizaciones, que prevé pagos máximos de $150.000 (unos 97.500 euros), una cifra inferior a los $200.000 recomendados por la Comisión.